
La Red Nacional de Refugios (RNR) acusó que los Lineamientos de Operación del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, publicados por la Secretaría de las Mujeres, generan preocupación sobre la sostenibilidad, la seguridad y la calidad del servicio que se brinda en los albergues que atienden a mujeres víctimas de violencia
De acuerdo con la información difundida por la RNR, el presupuesto asignado al Componente C: “Apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”, para 2026 será de 515 millones 033 mil 086 pesos.
Esto último, representa un aumento del 2% respecto al año anterior; sin embargo, la organización señaló que este monto, en la práctica, se diluye debido a la ampliación de los tipos de espacios que pueden acceder a los fondos, ya que ahora no solo los Refugios y Centros de Atención Externa, sino también las Casas de Emergencia y Casas de Transición, pueden solicitar recursos.
En un comunicado, agregó que esto implica una mayor dispersión del dinero y una reducción del presupuesto disponible para cada refugio, lo que afecta la capacidad de ofrecer atención integral.
La Red Nacional de Refugios reconoció como un avance la inclusión de Casas de Emergencia y Casas de Transición, pues forman parte del modelo de actuación de la organización. No obstante, advirtió que la expansión de beneficiarios no se acompaña de un aumento proporcional en el presupuesto, lo que limita la sostenibilidad de estos espacios y precariza la atención.
“Sin recursos suficientes y adecuadamente focalizados, no es posible garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”, subrayó la RNR en el documento consultado por Infobae Mx.
Otro punto que genera incertidumbre es la ausencia de un calendario público para la convocatoria, evaluación y ministración de los recursos. Si bien los lineamientos especifican el monto destinado a los refugios —una demanda histórica de la RNR—, la Secretaría de las Mujeres no ha dado a conocer las fechas para acceder al presupuesto de 2026.
Aseguró que esta falta de certeza pone en riesgo la continuidad de la atención, dado que durante los últimos cuatro años los recursos han llegado con retrasos, lo que compromete la operación de estos espacios.
La Guía Operativa publicada por la Secretaría contempla, además, una reducción en los honorarios del personal especializado y en el presupuesto destinado a la seguridad de los refugios.
Según la Red Nacional de Refugios, ambas medidas afectan la protección de las mujeres, niñas, niños y del propio personal, y contradicen la obligación del Estado mexicano de garantizar condiciones mínimas de seguridad y atención especializada.
“La combinación de recortes, dispersión del recurso y falta de certeza precariza la atención y pone en riesgo una política pública esencial para la prevención de feminicidios”, señala la organización.
Asimismo comentó que los lineamientos obligan a los refugios a demostrar solvencia con recursos propios para operar, trasladando la responsabilidad financiera del Estado a las organizaciones de la sociedad civil, lo que consideran incompatible con la política pública de protección de derechos humanos.
La RNR argumenta que estas disposiciones contravienen los compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
Según el colectivo, ambas establecen que el Estado debe garantizar y financiar de manera suficiente y permanente los refugios para mujeres víctimas de violencia, sin condicionar la operación de estos espacios a la capacidad económica de las organizaciones civiles.
“Como lo establece el marco internacional de derechos humanos, en particular la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, no es viable exigir autosuficiencia a las Organizaciones Civiles que brindan atención inmediata ante situaciones de emergencia vital, mientras se reduce el apoyo estatal y se incrementan las cargas administrativas.
“Sin un presupuesto garante, sin certeza en la asignación de recursos y sin la corresponsabilidad plena del Estado, no habrá justicia ni igualdad sustantiva”, advirtió Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios.
Ante este escenario, la RNR demandó la publicación de fechas claras y vinculantes para la convocatoria y ministración de recursos, la asignación de presupuestos suficientes y oportunos, el respeto a condiciones laborales dignas y la eliminación de requisitos que trasladan la responsabilidad financiera del Estado a las organizaciones civiles.
La organización también solicitó el establecimiento de mesas de trabajo con las autoridades para dialogar y asegurar la eficacia de esta política pública.
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