Denuncian presuntas extorsiones de la Policía Ministerial Federal contra gaseras y gasolineras en Edomex

Empresarios de la industria del Gas Licuado de Petróleo (LP) y de estaciones de servicio denunciaron una presunta red de extorsión operada por elementos de la Policía Ministerial Federal, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), quienes desde diciembre pasado realizan supuestos “operativos” para exigir fuertes cantidades de dinero a establecimientos legalmente constituidos en municipios del norte del Estado de México.

De acuerdo con los testimonios recabados, los agentes se presentan principalmente los fines de semana en puntos de venta de gas LP y gasolineras ubicadas en Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero, argumentando que se trata de acciones para combatir la venta de combustible robado, conocido como huachicol.

Sin embargo, los empresarios aseguran que los operativos carecen de sustento legal, ya que los agentes no presentan órdenes formales ni la documentación correspondiente.

Extorsiones de hasta 200 mil pesos

Aun así, bajo el argumento de supuestas irregularidades administrativas, los oficiales amenazan con clausurar los negocios y abrir carpetas de investigación, lo que deriva en exigencias económicas que van de los 100 mil a los 200 mil pesos mensuales.

“Tenemos todos los permisos en regla: Secretaría de Energía, Protección Civil estatal y autorizaciones municipales. Renovamos la documentación cuando nos lo piden, generamos empleos y aun así ahora son los mismos policías los que nos quieren joder”, denunció Raúl Garza, encargado de una gasolinera afectada en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Los afectados explican que el modus operandi es sistemático y se repite en distintos establecimientos. Tras una revisión superficial, los agentes amenazan con clausuras prolongadas que, según afirman, pueden extenderse hasta por un año mientras se “resuelve” la investigación.

En cuestión de minutos, señalan, aparece un Ministerio Público con una supuesta orden judicial, lo que refuerza la presión sobre los empresarios.

“Sabemos cuáles son los operativos reales y cuáles no. Estos agentes sí pertenecen a la corporación, pero no están destinados a este tipo de revisiones. Nos dicen que van a abrir una carpeta y mientras tanto clausuran el negocio”, relató un empresario que solicitó el anonimato por temor a represalias.

Así es el modus operandi

La extorsión, aseguran, comienza una vez que el establecimiento es cerrado. Los agentes dejan un número telefónico y, al comunicarse, se les indica que para “agilizar” el levantamiento de sellos y evitar futuras inspecciones, deben entregar el dinero solicitado. “Si no pagas, no vuelves a abrir”, advierten.

Arturo Martínez, encargado de otra gasolinera visitada por los agentes, pidió la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales.

“Estamos empezando el año y si la fiscal Ernestina Godoy o la gobernadora Delfina Gómez no hacen algo, así nos van a tener bajo extorsión permanente”, señaló.

Expediente abierto en Asuntos Internos

Los empresarios informaron que la FGR ya tiene conocimiento de estos hechos y que existe un expediente abierto en el área de Asuntos Internos.

En las denuncias aparece como presunto responsable un policía ministerial que se identifica como José Eduardo Acosta, quien asegura actuar en representación del comandante Fernando Pérez, adscrito a la Subdelegación de la FGR en Naucalpan.

De acuerdo con los testimonios, en cada operativo participan alrededor de 10 agentes armados que se desplazan en camionetas pick up blancas con insignias oficiales de la FGR, lo que incrementa la intimidación hacia los trabajadores y propietarios de los establecimientos.

Los empresarios del sector energético exigen que se investigue a fondo esta presunta red de corrupción y se frene el acoso institucional que, aseguran, pone en riesgo la viabilidad de negocios que operan dentro del marco legal y que son fundamentales para la economía y el abasto energético en el Estado de México.