
El sacerdote y defensor de derechos humanos Filiberto Velázquez Florencio, quien recientemente fue desplazado de Guerrero por amenazas de grupos criminales, reveló que sostuvo comunicación directa con Alejandro Arcos Catalán, el alcalde de Chilpancingo que fue decapitado el 6 de octubre de 2024, días antes de su asesinato.
La confesión, realizada en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, arroja nuevas luces sobre el clima de amenazas y presiones que se viven en el estado de Guerrero por parte de los grupos criminales que se disputan la región.
“Había presión”
Durante su conversación con Aristegui Noticias, el padre Filiberto Velázquez relató que Alejandro Arcos Catalán le compartió en privado su preocupación por la injerencia del crimen organizado en el municipio.

“La situación que pasó con el alcalde Alejandro Arcos, que fue decapitado... unos días antes estuve con él, me contó muchas cosas y pues a veces el hecho de conocer y de que no haya una procuración de justicia efectiva y que la impunidad continúe, de nada sirve muchas veces conocer o denunciar, porque pues pareciera que no pasa nada”, expuso el sacerdote en la conversación.
Al ser cuestionado sobre si estaba en condiciones de revelar lo que el exmandatario le comentó, el padre Fili reveló que el alcalde admitió la existencia de presiones directas por parte del grupo criminal “Los Ardillos”, que opera en la región centro de Guerrero.
“Hay cosas que se saben, pues al final en la disputa del territorio que él ganó, sabemos que hubo una intervención del crimen organizado para ese triunfo”, comentó, y siguió “reconoció que hubo interacción y había presión de este grupo, eso era algo que lo tenía muy preocupado”, señaló.
Filiberto Velázquez recordó que antes del asesinato del alcalde de Chilpancingo, ya habían asesinado a Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, así como otro miembro de su gabinete.

“Entonces había preocupación y había presión. Tratamos de evitar ese tipo de, digamos, consecuencia última que fue su asesinato. Pero a veces lo único que te queda es la frustración de que tu voz no sea tan importante para que, quien pueda evitar este tipo de situaciones, haga algo”, expresó.
Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, fue asesinado el 6 de octubre de 2024, apenas seis días después de asumir el cargo. Su cuerpo decapitado fue hallado dentro de una camioneta en la colonia Villas del Roble y la cabeza fue colocada sobre el toldo del vehículo, en una escena que conmocionó a nivel internacional.
El desplazamiento del padre Filiberto
El defensor de derechos humanos también narró cómo debió abandonar Guerrero debido a amenazas directas del crimen organizado, tras casi siete años de trabajo ininterrumpido en defensa de víctimas y en procesos de pacificación.

De acuerdo con el propio Velázquez Florencio, la decisión de salir del estado se precipitó en diciembre de 2025, después de recibir advertencias de personas de confianza sobre un intento de atentado fallido en su contra. El sacerdote relató que comunicó el riesgo a su obispo, José de Jesús González Hernández, quien, junto con el episcopado, recomendó su salida inmediata de Guerrero, e incluso del país.
El sacerdote detalló que las amenazas se intensificaron tras el asesinato del padre Bertoldo Pantaleón Estrada en octubre de 2025, quien desapareció y fue asesinado en la región centro de Guerrero, territorio bajo control de “Los Ardillos”. Tras la muerte de Bertoldo, Velázquez Florencio asumió de manera interina la parroquia de Mezcala, creyendo que estaría más seguro. Sin embargo, la presión de ese grupo criminal y las recomendaciones de la diócesis lo llevaron a reconsiderar su permanencia.

Además, el sacerdote relató que hubo sugerencias de trasladarse a diócesis solidarias en Chile o Alaska, opciones que rechazó para no abandonar los procesos de acompañamiento jurídico que mantiene en otros casos.
Filiberto Velázquez contó a pesar de contar con medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el mecanismo se encuentra rebasado por la cantidad de beneficiarios y enfrenta limitaciones materiales.
El sacerdote subrayó que su presencia en Guerrero incomodaba a grupos criminales y a sectores de la propia Iglesia, debido a la exposición mediática y el riesgo que implica su perfil público.
“Mi presencia y mi trabajo les haría más difícil continuar con sus intereses. El hecho de que yo siga, que tenga información y comunicación con autoridades de diferentes niveles y esta presencia mediática no les conviene”.
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