
Durante la Conferencia del Pueblo, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, respondió a preguntas de la prensa sobre el feminicidio de Liliana Rivera Garza, ocurrido hace 36 años y que permanece sin justicia.
El caso fue documentado por la hermana de la víctima, la escritora Cristina Rivera Garza, en el libro “El invencible verano de Liliana”, donde se relata que en 1990, mientras Liliana era estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue asesinada el 16 de julio de ese año, por Ángel González Ramos, “un novio insistente, celoso, absorbente y controlador de la preparatoria que cometió distintas formas de violencia contra Liliana”, señaló la autora. .
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El martes 6 de enero, Cristina Rivera Garza publicó en sus redes sociales una fotografía del presunto feminicida de su hermana. Ante el reconocimiento internacional que ha recibido el caso, Sheinbaum fue consultada sobre su postura respecto a la memoria y la denuncia que ha generado la obra y el activismo de Rivera Garza.
Sheinbaum declaró que actualmente Ernestina Godoy se encuentra al frente de la Fiscalía General, y aunque el feminicidio no es procesado en la Fiscalía General de la República (FGR), sino en fiscalías estatales, consideró que:
“El liderazgo de Ernestina puede ayudar mucho para resolver este caso y otros casos de feminicdio. Tiene que haber cero impunidad en todos los delitos, pero particularmente en este”.
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Subrayó que debe prevalecer la política de cero impunidad en todos los delitos, enfatizando la urgencia de aplicar este principio en el caso de Liliana Rivera Garza.
El feminicido de Liliana Rivera Garza visibiliza la violencia de género en México
El asesinato de esta joven narrado por su hermana mayor, Cristina Rivera Garza, cobra relevancia por la persistente problemática de la violencia de género y la impunidad estatal.
El libro El invencible verano de Liliana no solo reconstruye la vida y muerte de Liliana a través de cartas, testimonios y archivos, sino que también cuestiona el papel del Estado en la protección y acceso efectivo a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, según la descripción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Una de las reflexiones más contundentes aparece en la voz directa de Cristina Rivera Garza al analizar las deficiencias del sistema, tal como consta en el libro: “Con mucha frecuencia, los sistemas institucionales contra la violencia doméstica y el terrorismo de pareja fallan, y lo hacen rotundamente, contribuyendo así a aumentar el poder material y simbólico del depredador” (p. 217).

Esta declaración subraya el entorno social de la época, en el que la violencia de pareja solía ocultarse bajo ideas erróneas sobre el amor y la pasión, y carecía de un lenguaje capaz de describir y combatir estas formas de agresión.
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Para dar forma a la memoria de su hermana, Rivera Garza se apoyó en un archivo compuesto por cartas, notas y textos de Liliana, así como en los relatos de familiares, amistades, abogados y testigos universitarios.
Estos documentos y voces se complementan con una revisión minuciosa de la prensa y de los expedientes judiciales, conformando así un mosaico testimonial que permite dimensionar la vida de Liliana y las circunstancias de su feminicidio. Desde años antes de su muerte, Liliana intentó romper la relación con quien identificó como responsable de su feminicidio, Ángel González Ramos.
Según la autora, era un novio absorbente y controlador desde la preparatoria, que ejerció diversas violencias. Liliana había decidido distanciarse de él y proyectar su futuro de manera independiente, pero la falta de respuesta efectiva de las autoridades contribuyó a un desenlace fatal.
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La obra plantea varias preguntas dirigidas tanto al sistema judicial como a la sociedad: ¿Cuáles eran las responsabilidades de las autoridades de investigación?, ¿cómo incumplieron esas obligaciones y en qué medida la impunidad fue resultado de dichas fallas?
Estas inquietudes, expuestas en la obra y señaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colocan en el centro la importancia del acceso real a la justicia y la actuación diligente de las autoridades conforme a la perspectiva de género.
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