Entre avances y resistencia: lo que dejó el 2025 para la diversidad LGBT+ en México

El año 2025 representó un periodo de contrastes para la comunidad LGBT+ en México. Por un lado, el país consolidó avances históricos en el reconocimiento de derechos civiles; por otro, persistieron vacíos legales, resistencias locales y altos niveles de violencia que evidencian los desafíos pendientes en materia de igualdad y no discriminación.

Uno de los principales logros fue la legalización del matrimonio igualitario en la totalidad del territorio nacional. A diciembre de 2025, las 31 entidades federativas y la Ciudad de México reconocen el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. Este proceso, que inició en la capital del país en 2010, culminó el 4 de diciembre de 2025 con la aprobación de la reforma en Guanajuato, último estado en modificar su legislación civil. Con ello, México se consolidó como uno de los países de América Latina con cobertura total de este derecho.

La reforma en Guanajuato sustituyó los términos “marido y mujer” por “personas cónyuges”, alineando su Código Civil con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desde hace años ha establecido que excluir a parejas del mismo sexo del matrimonio es inconstitucional. Este avance fue resultado de décadas de litigio estratégico, presión social y trabajo de organizaciones civiles.

En 2025, la SCJN también tuvo un papel central en la protección de derechos LGBT+. El máximo tribunal invalidó diversas reformas estatales consideradas discriminatorias, como disposiciones que excluían a familias homoparentales del reconocimiento de la filiación o que limitaban derechos en función de la orientación sexual o identidad de género. Asimismo, reiteró que las llamadas “terapias de conversión” constituyen prácticas violentas y discriminatorias, especialmente cuando se aplican a menores de edad, reforzando criterios ya establecidos en años anteriores.

Otro avance relevante fue la revisión de normas que restringían el reconocimiento de la identidad de género. Durante 2025, la Corte invalidó reformas en estados como Campeche y Tamaulipas que imponían barreras injustificadas a las personas trans, incluidas infancias y adolescencias, al considerar que vulneraban derechos fundamentales como la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad.

No obstante, los retrocesos y pendientes siguieron siendo significativos. Algunos congresos locales, como el de Sonora, fueron señalados por incumplir sentencias de la SCJN al no legislar oportunamente para garantizar derechos a niñas, niños y adolescentes trans. Además, aunque existen precedentes judiciales favorables, la falta de armonización legislativa provoca que el acceso a derechos dependa aún del lugar de residencia.

En materia de seguridad, la violencia contra personas LGBT+ continuó siendo una preocupación. Si bien organizaciones civiles reportaron una disminución en los asesinatos (40 en el año, según el Observatorio Nacional sobre crímenes de odio contra las personas LGBT+) y desapariciones (30 en el año) en comparación con 2024, activistas advirtieron que persiste un subregistro debido a la falta de datos oficiales y a deficiencias en la clasificación de los delitos.

En conjunto, 2025 dejó un balance mixto: avances legales contundentes en el reconocimiento de derechos, pero también rezagos institucionales y sociales que muestran que la igualdad jurídica no siempre se traduce en una igualdad real para la comunidad LGBT+ en México.

La llegada de un nuevo año representa la llegada de nuevos retos para el gobierno por garantizar el respeto a los derechos con eventos especiales como la Copa Mundial 2026, en la que el gobierno capitalino, encabezado por Clara Brugada, se ha comprometido con garantizar un espacio deportivo incluyente y diverso.