El Gobierno federal decidió no aplicar el impuesto del 8 por ciento a los videojuegos considerados violentos, previsto en el Paquete Económico 2026, al reconocer que no existen condiciones técnicas ni criterios objetivos para hacerlo efectivo.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la medida no se implementará y que, en su lugar, se impulsarán campañas de información dirigidas a jóvenes y adolescentes sobre el uso de este tipo de contenidos.
Durante una conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la principal razón para dar marcha atrás fue la dificultad para definir qué videojuegos pueden considerarse violentos y qué autoridad sería la encargada de realizar dicha clasificación, lo que haría inviable la aplicación del gravamen.
La razón central: inviabilidad técnica del impuesto
Sheinbaum señaló que la propuesta enfrentaba problemas desde su diseño, ya que no había una forma clara de distinguir entre videojuegos con contenido violento y aquellos que no lo son.
También advirtió que establecer un impuesto bajo criterios ambiguos podría generar discrecionalidad y conflictos legales.
La presidenta reconoció que, aunque el tema del consumo de videojuegos está relacionado con debates sobre salud mental y adicciones, el instrumento fiscal no resultaba el más adecuado para atender esos riesgos, especialmente en un entorno digital cambiante.
Qué ocurrió con la ley aprobada por el Congreso
El impuesto formaba parte de las modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) incluidas en el Paquete Económico 2026.
De acuerdo con la propia presidenta, ella solicitó que el gravamen fuera retirado durante el proceso legislativo; sin embargo, la disposición permaneció en la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso.
Pese a ello, el Ejecutivo federal determinó que el impuesto no se cobrará en 2026.
La decisión fue confirmada públicamente y marca un ajuste a la política fiscal planteada originalmente para el próximo año.
De qué trataba la propuesta fiscal
La iniciativa contemplaba un impuesto adicional del 8% a los videojuegos clasificados como no aptos para menores de edad, tanto en formato digital como físico.
El objetivo era desincentivar el consumo de contenidos con altos niveles de violencia, bajo el enfoque de los llamados “impuestos saludables”.
El gravamen se aplicaría a videojuegos y a contenidos adicionales descargables asociados a estos productos.
Las clasificaciones consideradas eran:
- Clasificación C: videojuegos para mayores de 18 años, con violencia, sangre o lenguaje de impacto.
- Clasificación D: títulos exclusivos para adultos, con violencia extrema, sexo explícito o apuestas.
Reacciones y el camino alternativo del Gobierno
La decisión de cancelar el impuesto generó reacciones en el Congreso, donde legisladores de oposición señalaron que la medida carecía de sustento técnico.
El tema también tuvo repercusión pública, particularmente entre la comunidad de usuarios de videojuegos.
Tras retirar el gravamen, el Gobierno federal informó que enfocará sus esfuerzos en campañas de concientización y prevención, enmarcadas en la Estrategia Nacional por la Paz y contra las Adicciones.
Estas acciones estarán dirigidas a jóvenes, adolescentes y familias, con énfasis en el uso responsable de los videojuegos y la atención a posibles riesgos asociados, sin recurrir a medidas fiscales.
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