Así operaba “La Mesa”, la red de tráfico de migrantes vinculada a Los Rusos en Arizona, EEUU

Los Rusos, brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, fue señalado por autoridades estadounidenses de haber dirigido una red de tráfico de migrantes conocida como “La Mesa” en el estado de Arizona.

Esta célula fue desarticulada luego de la detención y condena de 18 de sus integrantes, los cuales operaban bajo la dirección de Los Rusos.

De acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito de Arizona, “La Mesa” mantenía operaciones en Yuma y Somerton e ingresaba a cientos de migrantes indocumentados a través de la frontera.

Estructura y jerarquía de La Mesa

“La Mesa” funcionaba como una célula de tráfico de migrantes encabezada por Carlos Moreno Serrano, quien coordinaba un equipo de gerentes responsables de planificar los eventos de contrabando, conseguir los escondites, distribuir el dinero y hacer cumplir las reglas internas.

Los gerentes supervisaban a los conductores encargados del transporte de migrantes, así como al personal de los escondites y a quienes realizaban labores de exploración.

Modus operandi y métodos de control

De acuerdo con documentos judiciales, desde 2022 y hasta septiembre de 2024, La Mesa utilizó la violencia y las amenazas como herramientas principales para mantener el control sobre sus operaciones y sobre otros traficantes que habían colaborado con la organización.

Los casos judiciales documentan episodios de secuestro, robo y extorsión. En enero de 2023, Saúl Ponce Jr., Cristóbal Figueroa, Ángel Rodríguez, Antonio Aparicio III y Joshua León Fuentes grabaron un video del secuestro de un hombre al que llevaron al desierto.

En el video, Figueroa entregó un arma con un cargador cilíndrico extendido a León Fuentes, quien apuntó a la víctima en la nuca, mientras otros le advertían que no lo mataran porque estaban cerca de la carretera, por lo que Figueroa pateó a la víctima en la cabeza.

Otro caso, ocurrido a mediados de 2023, involucró a León Fuentes, Aparicio y Rodríguez, quienes acudieron al domicilio de una mujer identificada por la Patrulla Fronteriza como traficante de migrantes.

A la mujer le exigieron 20 mil dólares por no haber entregado a los migrantes, aunque solo pudo reunir 10 mil. Al no compensar completamente las pérdidas de la organización, se ordenó a integrantes de La Mesa que la llevaran a México para castigarla.

Durante el secuestro, León Fuentes le colocó el cañón de una escopeta en el abdomen y le advirtió que, si intentaba algo, las consecuencias serían graves.

La Policía de Yuma logró impedir que la mujer fuera llevada a México, donde, según las amenazas, sería forzada a casarse, torturada o asesinada.

La Mesa también empleó menores de edad como conductores en sus operaciones, y fue identificada porque varios de acusados huyeron a gran velocidad de las fuerzas del orden, lo que provocó lesiones graves a los migrantes transportados.

En una ocasión, un joven que intentaba huir de la Patrulla Fronteriza estrelló una camioneta en un canal de agua con 24 migrantes a bordo, entre ellos un menor y una mujer embarazada.

Alcance geográfico y logística

La organización también extendía sus actividades a los distritos Central y Sur de California, manteniendo conexiones directas con México.

La Mesa coordinaba el traslado de cientos de migrantes indocumentados a través de la frontera, utilizando una red de escondites y rutas controladas.

La logística incluía la distribución de dinero, la vigilancia de las rutas y la aplicación de medidas disciplinarias para asegurar el cumplimiento de las órdenes de la organización.

18 hombres fueron sentenciados por pertenecer a La Mesa

La investigación conjunta de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y la Fiscalía Federal permitió identificar y arrestar a los 18 miembros de La Mesa en septiembre de 2024.

Los acusados fueron imputados por conspiración para albergar y transportar migrantes indocumentados, enfrentando cargos formales en noviembre de 2023 y septiembre de 2024.

La jueza Krissa M. Lanham dictó sentencias que van desde tiempo cumplido y libertad supervisada hasta 90 meses de prisión, la última realizada el 21 de noviembre de 2025.