
En atención a denuncias ciudadanas que alertaron sobre presuntas afectaciones a ecosistemas costeros y ribereños en el estado de Oaxaca, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo dos visitas de inspección en los municipios de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec. El objetivo fue verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y proteger áreas consideradas ecológicamente frágiles.
La primera inspección ocurrió el 13 de noviembre, en un predio ubicado en la zona conocida como “Playa La Barra de Manialtepec”, en el municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. En el sitio, de aproximadamente 4.8 hectáreas, se detectaron actividades relacionadas con un proyecto inmobiliario tipo fraccionamiento.
De acuerdo con la dependencia, las obras afectaban directamente los ecosistemas de dunas costeras, considerados de alta importancia ambiental debido a su función como barreras naturales, su biodiversidad y su vulnerabilidad frente a actividades humanas.

Al solicitar la documentación correspondiente, los inspectores constataron que los responsables del proyecto no contaban con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), requisito indispensable para realizar obras o actividades que puedan generar alteraciones significativas al entorno. Ante ello, la Profepa impuso la medida de seguridad de clausura temporal total, deteniendo cualquier intervención en el predio hasta que se acredite el cumplimiento normativo.
Una segunda acción derivada de otra denuncia ciudadana se llevó a cabo el 28 de noviembre, esta vez en la ribera del Río Colotepec, dentro del paraje conocido como “Piedras Negras”, una zona ubicada entre los municipios de Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec.
Durante la inspección, el personal de Profepa observó la realización de actividades en una superficie aproximada de 5 mil 500 metros cuadrados, donde se llevaba a cabo extracción de material pétreo, principalmente grava y arena. Asimismo, se identificó la apertura de una brecha de acceso que implicó la remoción de 600 metros cuadrados de vegetación forestal ribereña, un tipo de vegetación que cumple funciones fundamentales en la protección de suelos y cuerpos de agua.

Al igual que en el primer caso, los responsables de las actividades no presentaron la autorización en materia de impacto ambiental otorgada por la Semarnat, necesaria para la extracción de materiales y el desmonte de vegetación en zonas ribereñas. Por esta razón, la Profepa aplicó también la clausura temporal total del sitio inspeccionado.
La Procuraduría informó que dará seguimiento a los procedimientos administrativos correspondientes en ambos casos, con el fin de determinar las acciones correctivas y medidas necesarias para garantizar la protección de los ecosistemas afectados y asegurar el cumplimiento integral de la legislación ambiental.
Estas acciones, señaló la dependencia, responden al compromiso de atender denuncias ciudadanas y reforzar la vigilancia ambiental en regiones que enfrentan creciente presión por desarrollos inmobiliarios, extracción de recursos y cambios de uso de suelo.
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