Exgobernadores de Guanajuato y Jalisco admiten concesiones y niegan acaparamiento tras aprobación de la Ley de Aguas

Los exgobernadores de Guanajuato y Jalisco, hoy senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Márquez Márquez y Francisco Ramírez Acuña, rechazaron cualquier señalamiento de acaparamiento de agua.

Ambos aseguraron que sus concesiones son legales, después de que hoy 4 de diciembre el Senado aprobara en lo general la nueva Ley General de Aguas.

Ramírez Acuña explicó que su concesión abastece 27 hectáreas de cultivo de limón en Tototlán, Jalisco, con una producción anual aproximada de 300 toneladas.

Dijo que el permiso fue otorgado antes de ocupar cargos públicos y que toda la documentación se encuentra en orden.

Incluso subrayó que, si la autoridad detecta alguna anomalía, “que me la cancelen, no tengo ningún problema”.

Los detalles de sus concesiones y su origen

En el caso de Miguel Márquez, el senador informó que cuenta con dos concesiones agrícolas heredadas: una en Guanajuato, de 150 mil metros cúbicos para 30 hectáreas, y otra en Jalisco, para 15 hectáreas.

Ambas, dijo, se destinan al riego de granos y ganadería y fueron tramitadas por sus padres hace décadas.

Afirmó que no existe desvío de recursos y que cualquier verificación es bienvenida, pues “el que nada debe, nada teme”.

Los legisladores insistieron en que el acceso al agua para el campo es fundamental para mantener la producción alimentaria del país.

Márquez subrayó que, aunque es correcto priorizar el consumo humano, es indispensable garantizar agua para la agricultura: sin ello, advirtió, “no se puede llevar alimento a la mesa de las familias”.

Preocupación por reasignaciones y falta de certeza jurídica

Ambos senadores señalaron que la nueva Ley General de Aguas, genera inquietud entre productores por la posibilidad de reasignaciones de volúmenes, revisión de concesiones y disminución de derechos previamente otorgados.

Márquez consideró que la redacción del dictamen da margen a la autoridad para reducir los volúmenes asignados, lo que afectaría especialmente a quienes han invertido en sistemas de riego eficiente.

También alertaron sobre la falta de inversión pública en tecnificación agrícola, la limitada capacidad operativa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la necesidad de revisar los pozos de manera adecuada.

Ambos pidieron evitar la politización del tema: “No criminalicemos ni polaricemos el asunto del agua”, dijeron.

Los cambios clave de la nueva ley y su impacto en el campo

La iniciativa aprobada senadores y senadoras en lo general —con 85 votos a favor, 36 en contra y 0 abstenciones— introduce modificaciones profundas a la gestión del recurso hídrico en México, lo que ha generado incertidumbre entre concesionarios agrícolas e industriales.

La normativa busca fortalecer el derecho humano al agua y limitar la mercantilización del recurso.

Principales efectos señalados por productores y especialistas:

• Restricción para transferir, heredar o vender concesiones, al eliminar cualquier carácter mercantil.
• Revisión amplia de permisos actuales y posibilidad de extinguirlos por fallecimiento del titular o por falta de uso.
• Mayor intervención del Estado en la administración del agua y exclusividad de gestión pública o comunitaria.
• Riesgos para la productividad agrícola por la falta de certeza jurídica a largo plazo.
• Reasignaciones potenciales durante periodos de escasez, priorizando el consumo doméstico.

Los senadores resumieron su postura con una advertencia: los efectos reales de la ley se verán con el tiempo, “Tiempo al tiempo”, afirmaron.