Congreso de CDMX exige investigar a dirigencia del PRI por violencia en marcha de la Generación Z

El debate en el Congreso de la Ciudad de México se intensificó tras el llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue a Alejandro Moreno Cárdenas y a la dirigencia nacional y estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por su presunta implicación en los hechos violentos registrados durante la marcha del 15 de noviembre, así como por posibles vínculos con grupos porriles y con la organización delictiva conocida como “los 300”.

La proposición presentada ante el pleno sostiene que la movilización, convocada a través de redes sociales por influencers y supuestos colectivos juveniles identificados con la “Generación Z”, fue escenario de la infiltración de grupos de choque y porros organizados, además de individuos relacionados con estructuras de financiamiento opaco.

Según las acusaciones, el objetivo de estos actores no fue la manifestación pacífica, sino la provocación violenta, la desestabilización y la agresión directa tanto a elementos policiales como a participantes. En este contexto, se subrayó la necesidad de esclarecer los mecanismos de financiamiento y logística detrás de estos hechos.

El diputado Paulo Emilio García González, representante de Morena, argumentó que la política debe ser un espacio para el diálogo y la resolución pacífica de diferencias. Afirmó que existe un “modus operandi” atribuido a la dirigencia nacional del PRI para organizar y financiar actos violentos, lo que, según él, quedó en evidencia al reunir a un centenar de porros para perpetrar las agresiones, con un pago de 10 mil pesos por persona. García González insistió en la importancia de proteger los espacios democráticos y evitar que intereses ajenos a la protesta legítima los contaminen.

En respuesta a estos señalamientos, la congresista Tania Nanette Larios Pérez del PRI rechazó las acusaciones, por lo que calificó como único sustento de las mismas una publicación del diario Regeneración Nacional de 2018. Larios Pérez sostuvo que el punto de acuerdo se apoya en esa nota y criticó que el grupo parlamentario de Morena actúe como si tuviera las atribuciones de una comisión especial que, según ella, no ha sido creada.

Por su parte, la congresista Xóchitl Bravo Espinosa (Morena) defendió el derecho a la protesta, al que calificó como sagrado para la izquierda, y rechazó que este pueda ser utilizado para beneficiar a partidos políticos o grupos delictivos. Bravo Espinosa advirtió que los hechos violentos no fueron espontáneos, sino resultado de la acción de grupos organizados que buscaron la confrontación directa. Además, aseguró que militantes del propio PRI informaron sobre estas acciones.

El diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero (PAN) aportó una perspectiva distinta al señalar que el llamado bloque negro tiene sus raíces en el actual gobierno, y atribuyó los problemas de inseguridad a la administración en funciones desde su inicio.

Finalmente, el congresista Juan Estuardo Rubio Gualito (PVEM) recordó que, históricamente, el partido que ostentaba la hegemonía en México mantenía una relación directa con los grupos porriles, los cuales se dedicaban a frenar las marchas legítimas de la sociedad.