Asesinato de Carlos Manzo ventila cómo los anexos son “semilleros” de sicarios para el CJNG

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no solo sacudió la política y la vida social de Michoacán, sino que ha dejado al descubierto un fenómeno inquietante: los llamados “anexos” o centros de rehabilitación para adicciones—que en realidad operan como “semilleros” para los cárteles, como ha sido el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y es que este lunes se dio a conocer la detención de otro implicado más en el caso del crimen de Manzo, un hombre identificado como Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, quien presuntamente fue quien reclutó en un anexos a dos jóvenes que participaron como autores materiales del asesinato del alcalde.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), “El Pelón” era el reclutador para células del CJNG, buscando jóvenes adictos en los anexos para convertirlos en halcones, sicarios y distribuidores de droga.

Los perfiles de Víctor Manuel “N” (el tirador adolescente abatido) y Fernando Josué “N” (vigilante asesinado después del crimen) ilustran este modelo: ambos padecían adicción a metanfetaminas y habrían sido captados, formados y adoctrinados en condiciones extremas.

Semilleros del CJNG

En entrevista con Elisa Alanís, el periodista especializado en seguridad Óscar Balderas detalla cómo los anexos, lejos de rehabilitar, “funcionan como centros de adiestramiento.

“El Pelón tenía como labor principal reclutar sicarios a través de un mecanismo que conocemos lamentablemente muy bien en México desde el 2008, que es infiltrarse en los centros de rehabilitación y buscar desde ahí chicos con problemas de adicciones que deseen participar en estos crímenes“, comentó.

Balderas también puntualizó que, aunque muchas veces se habla de ‘reclutamiento voluntario’, para la ley el uso de menores en actividades delictivas (con o sin coacción manifiesta) sigue siendo un delito de reclutamiento forzado.

Sobre el contexto de los dos jóvenes implicados agregó el contexto en el que ambos vivían: ambos de Uruapan, una zona altamente asediada por el narco, aguacatera que vive sometida a la extorsión.

“Sabemos también que en Uruapan, de donde salieron estos dos chicos que fueron contratados por El Pelón, era un centro de rehabilitación al servicio del CJNG, es decir, que los chicos que ahí ingresaban para intentar curar su adicción a las drogas, en realidad estaban entrando a un centro de adiestramiento”.

Por otro lado, en entrevista con Pepe Cárdenas en Radio Fórmula, David Saucedo subraya que estos “anexos” se han transformado en verdaderos semilleros criminales, en parte porque el Estado mexicano no ofrece alternativas públicas efectivas ni prolongadas para la atención de adicciones.

“La mayoría solo ofrece consultas externas como si fuera gripa, y los centros privados son inalcanzables para la mayoría”.

Adicionalmente, explica que los grupos criminales imponen disciplina violenta y “castigos” a los jóvenes que fallan en sus primeras misiones, creando una dinámica de miedo y sumisión desde el adiestramiento.

De la captación al silenciador

La operación criminal que acabó con la vida de Manzo se tejió desde una red estrictamente coordinada.

Ramiro “N”, alias “El Jaguar”, uno de los principales operadores logísticos y coordinadores del asesinato de Carlos Manzo, fue una pieza de enlace entre los autores materiales y los mandos superiores de la trama.

Con antecedentes penales por portación de armas de fuego, Ramiro “N” fungía como instructor de armas e intermediario directo en el reclutamiento de sicarios: él adiestró a Víctor Manuel “N” (menor de 17 años, tirador material del crimen) y a Fernando Josué “N” (de 16 años, cómplice).

El día del crimen, la mañana y tarde del 1 de noviembre, Ramiro “N” coordinó en tiempo real la vigilancia y seguimiento de Carlos Manzo.

Desde la plaza principal de Uruapan envió videos y mensajes a un grupo de mensajería cifrada, notificando los movimientos de la víctima y dando instrucciones sobre posiciones, rutas de escape y, crucialmente, la eliminación de cualquier rastro digital tras cada comunicación. Por la tarde, a las 18:06, avisó al grupo donde exactamente se encontraba el alcalde y, momentos antes del ataque, reportó a sus cómplices la llegada de Manzo al festival y el avance del operativo.

Un dato relevante revelado en audiencia judicial fue que Ramiro “N” también aplicaba castigos físicos y disciplina militar a integrantes de la célula cuando no seguían instrucciones.

Tras el crimen, Ramiro fue encontrado sin vida una semana después, junto a Fernando Josué “N”, sobre la carretera Uruapan-Paracho.

Su esposa reveló la existencia de una carta póstuma dirigida a su familia. En este documento, Ramiro confesó que no estaba involucrado en actividades aguacateras —como había dicho a los suyos—, y pidió perdón a su hija por ocultarles su implicación en la célula criminal.

Responsabilizó directamente a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, el autor intelectual coordinador, de cualquier cosa que pudiera sucederle y sugirió que la fiscalía local “estaba comprada” por esta estructura, advirtiendo expresamente que “seguramente cuando leas esto, yo ya estaré muerto, porque nos van a querer silenciar”. Y así fue.

Los especialistas Óscar Balderas y David Saucedo destacan que, además del asesinato de Ramiro “N”, la ejecución de los menores es parte de un patrón: eliminar piezas bajas para cortar la cadena de delación y encubrimiento.

A pesar de los avances judiciales y detenciones, tanto Balderas como Saucedo insisten en la responsabilidad estructural del Estado mexicano. No solo urgen a “cortar de raíz” el modelo de reclutamiento en los anexos—con más centros públicos, menos clandestinidad y mayor regulación—sino también atacar la corrupción institucional desde la fiscalía, la vulnerabilidad juvenil y el círculo criminal que usa, descarta y silencia adolescentes en nombre de los intereses del narco.