La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Quintana Roo, al determinar que dicha institución carece de facultades para solicitar la intervención de comunicaciones privadas o para delegar esa atribución en funcionarios con menor jerarquía.
La resolución se emitió durante la sesión del Pleno celebrada el 4 de noviembre de 2025, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 29/2025.
El máximo tribunal del país precisó que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente la persona titular de la Fiscalía General del estado puede solicitar ante un juez federal la intervención de comunicaciones privadas.
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Por lo tanto, cualquier facultad otorgada a la Fiscalía Anticorrupción para realizar esa acción o delegarla en titulares de Unidades de Investigación, Acusación o Procesos, resulta contraria al texto constitucional.
No se podrá hacer geolocalización
Además, la SCJN declaró inválidas las disposiciones que permitían a la Fiscalía Especializada solicitar la geolocalización en tiempo real de personas, así como la conservación inmediata de datos almacenados en sistemas informáticos y redes digitales, al considerar que la ley carecía de parámetros claros sobre los delitos aplicables o supuestos de urgencia.
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Para el Pleno, esta falta de precisión vulnera derechos fundamentales como la privacidad y la seguridad jurídica.
Durante la discusión, las ministras y ministros también determinaron que el Congreso de Quintana Roo invadió competencias federales al legislar en materia procesal penal respecto de los medios de apremio, como el establecimiento de multas, arrestos y uso de la fuerza pública.
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Recordaron que dichas medidas son facultad exclusiva del Congreso de la Unión, de acuerdo con el marco constitucional vigente.
Invalidaron faltas administrativas a servidores públicos
En otro punto de la resolución, se invalidaron los preceptos que imponían faltas administrativas a las personas servidoras públicas de la Fiscalía Anticorrupción, debido a que estos no establecían con claridad su gravedad, sanciones o la autoridad encargada de resolverlas. Esta omisión —señaló el Pleno— generaba incertidumbre jurídica y contravenía los principios de legalidad y debido proceso.
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Con la decisión de la Suprema Corte, el Congreso de Quintana Roo deberá realizar las reformas pertinentes para ajustar la legislación local al marco constitucional federal, evitando vulnerar derechos fundamentales o atribuir competencias que no le corresponden.
La sentencia reafirma la importancia de que las autoridades encargadas de combatir la corrupción actúen dentro de límites claros y respetando los derechos fundamentales de la ciudadanía.
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