El Pleno del Senado aprobó en lo general, con 82 votos a favor y 38 en contra, las modificaciones realizadas a la minuta de reforma a la Ley de Amparo. La votación pone de manifiesto el respaldo de la mayoría conformada por Morena y sus aliados, mientras que un bloque relevante de legisladores expresó su rechazo. El debate previo a la votación se extendió durante varias horas y estuvo marcado por posturas encontradas sobre los alcances de la reforma.
La oposición integrada por el PRI, PAN y MC reiteró su rechazo al considerar que algunos de los cambios introducen elementos de retroactividad en los procesos en curso, lo que motivó expresiones de inconformidad durante la discusión. Los legisladores que avalaron la iniciativa defendieron la necesidad de actualizar el marco legal para fortalecer el instrumento del amparo sin desproteger derechos fundamentales, aunque los críticos insisten en el riesgo de afectar el acceso a la justicia.
Entre las modificaciones ratificadas destacan los cambios en tres artículos. Uno de los más relevantes alude a la aplicación de las nuevas disposiciones en los juicios de amparo que ya están en trámite. Las etapas ya concluidas se resolverán como lo marca la ley anterior, pero las fases pendientes se atenderán bajo los lineamientos de la nueva normativa una vez que entre en vigor, lo que ha generado preocupación entre los detractores de la reforma.
En sesión, el Senado discutió también en lo particular las reservas presentadas a diversos artículos. La mayoría rechazó los argumentos de los grupos opositores acerca de los eventuales impactos negativos para la protección de derechos y el acceso a la justicia.
Con la aprobación en ambas cámaras, la reforma será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación y entrada en vigor. Tras finalizarse el trámite legislativo, el dictamen podrá convertirse en ley una vez que reciba la promulgación correspondiente.
La reforma obtuvo respaldo mayoritario en un contexto de debate público sobre el papel del juicio de amparo como herramienta para quienes buscan proteger sus derechos ante actos de autoridad. El proceso legislativo se desarrolló en medio de cuestionamientos sobre las implicaciones para casos en curso y el alcance de los cambios propuestos por la mayoría legislativa.
Una de las críticas que más se ha presentado en contra de la ley gira en torno a la existencia de un mecanismo efectivo para enfrentar los abusos del poder, “particularmente los cometidos por Morena” señalaron diversos legisladores durante los debates realizados en días previos. Además se sostuvo que la defensa de este recurso no representa un lujo jurídico, sino un escudo contra funcionarios arbitrarios y la última trinchera disponible para los ciudadanos.
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