Tres mujeres fueron rapadas y desnudadas parcialmente en público luego de ser sorprendidas presuntamente robando pacas de ropa en el tradicional tianguis de San Martín Texmelucan, uno de los más grandes y concurridos del estado de Puebla.
El hecho, captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, ha generado una fuerte polémica en torno a los límites de la justicia ciudadana.
De acuerdo con testigos, las mujeres habían sido identificadas por comerciantes como responsables de varios hurtos cometidos en días anteriores.
Cansados de las pérdidas económicas y ante lo que calificaron como una falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, los vendedores decidieron detenerlas por cuenta propia.
En medio de gritos y reclamos, las sometieron, les raparon el cabello y las expusieron ante la mirada de decenas de personas.
Las hicieron recorrer el mercado con plásticos
Las imágenes muestran a las presuntas ladronas paradas, cubiertas apenas con prendas improvisadas y plásticos, rodeadas por una multitud que, en algunos casos, lanzaba consignas contra la delincuencia, mientras otros optaban por grabar con sus teléfonos celulares.
Por igual, los comerciantes obligaron a las mujeres a caminar con una bolsa verde por el mercado sobre ruedas, mientras eran observados por los comparadores que se daban cita.
La escena, que rápidamente se viralizó, provocó reacciones encontradas: mientras algunos usuarios celebraron la acción como un acto ejemplar, otros la calificaron como una grave violación a los derechos humanos y una muestra del deterioro del estado de derecho en el país.
Minutos después del incidente, elementos de la policía municipal arribaron al lugar y trasladaron a las tres mujeres para ponerlas a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni sobre el proceder de los comerciantes ni de las mujeres.
Este tipo de actos no son nuevos en México. En años recientes, se han registrado casos similares en estados como Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca, donde pobladores han aplicado castigos públicos contra presuntos delincuentes ante la percepción de impunidad.
Organizaciones civiles han advertido que la proliferación de estas prácticas refleja la profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.
El incidente en Texmelucan reaviva el debate sobre los riesgos de normalizar la justicia por mano propia. Mientras algunos sectores la ven como una respuesta desesperada ante la delincuencia, especialistas advierten que permitir este tipo de agresiones públicas podría abrir la puerta a abusos y linchamientos sin sustento legal.
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