Después de una discusión pública de dos días, el dictamen para reformar la Ley de Amparo avanzó en Comisiones el Senado de la República en una votación dividida en la cual Morena y sus aliados sacaron adelante la iniciativa presidencial.
Con 32 votos a favor de Morena, PT y Verde, frente a 12 en contra de MC, PAN y PRI, las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos dieron luz verde a la iniciativa, que incorpora algunas modificaciones relevantes respecto al documento original remitido por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El dictamen, que se prevé sea discutido en el Pleno en la misma jornada, ha sido objeto de críticas por parte de legisladores opositores y expertos en derecho.
El morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, detalló que estos ajustes incluyeron la ampliación de los alcances del interés legítimo, reconociendo su carácter tanto individual como colectivo, así como precisiones sobre el cumplimiento de sentencias.
Según Corral, el objetivo de estas modificaciones es otorgar mayor certeza jurídica, homologar plazos y garantizar un acceso efectivo a la justicia.
La bancada del PAN señaló como los aspectos más preocupantes de la reforma la limitación de la suspensión del acto reclamado en áreas estratégicas para el Gobierno, como los ámbitos fiscal, financiero y de deuda pública; la inclusión de una definición ambigua de interés legítimo; y la creación de un régimen de privilegios para entidades estatales, eximiéndolas de la obligación de otorgar garantías.
Según los panistas, “los cambios más preocupantes se centran en limitar la suspensión del acto reclamado en áreas estratégicas para el Gobierno, como la materia fiscal, financiera y de deuda pública; en incluir una definición ambigua de interés legítimo; y en crear un régimen de privilegios para entidades estatales exentándolas de otorgar garantías”.
Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, calificó la reforma como un “grave retroceso” en materia de derechos humanos, al considerar que “Morena echará de un plumazo los avances de la reforma de 2011”.
Por su parte, la senadora panista Guadalupe Murguía cuestionó la premura y el método de trabajo legislativo, al señalar que “es una reforma apresurada, hecha sobre las rodillas, con cambios sobre la marcha”.
A pesar de los matices introducidos en el dictamen, los legisladores opositores sostienen que las restricciones fundamentales permanecen, lo que, a su juicio, representa una “enorme regresión para la protección y defensa de los derechos humanos”.
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