La sentencia de 10 años y 8 meses de prisión contra Jesús “N” en Irapuato, Guanajuato, por violación espuria y aborto forzado, ha reavivado el debate en torno a la figura jurídica del aborto en México.
El caso muestra que este delito no se centra en criminalizar a las mujeres, sino en protegerlas de la violencia, coacción y abusos que derivan en abortos forzados.
De acuerdo con el primer reporte nacional “Aborto, la realidad no contada”, elaborado por la plataforma UNNA (Una Vida, Una Infancia, Una Protección), la mayoría de los sentenciados por este delito en México son hombres.
Hasta septiembre de 2025, 71 hombres han sido encarcelados por cometer aborto, frente a solo siete mujeres, todas vinculadas a casos de aborto forzado.
Los números detrás del delito
En 2024, se abrieron 841 carpetas de investigación por delitos relacionados con el aborto, principalmente en la Ciudad de México (186), Nuevo León (175) y el Estado de México (108). Hasta mayo de 2025 ya se habían registrado 370 casos, con Nuevo León, CDMX y Edomex nuevamente a la cabeza.
En cuanto a juicios por aborto forzado, entre 2024 y 2025 se iniciaron 27 procesos judiciales, siendo Chihuahua el estado con mayor número de casos (6), seguido de San Luis Potosí y Sonora (3 cada uno).
La plataforma UNNA sostiene que estos datos desmontan la idea de una supuesta criminalización de las mujeres por el delito de aborto. “Son los hombres quienes mayormente violentan, presionan y obligan a las mujeres a abortar mediante amenazas, agresiones físicas o la ingesta forzada de fármacos”, señala el informe.
El caso Irapuato
De acuerdo a las investigaciones, entre junio y julio de 2023 Jesús “N” ingresó al domicilio de la víctima y la agredió sexualmente. Meses después, la adolescente quedó embarazada.
Bajo amenazas, el agresor la obligó a ingerir pastillas para interrumpir la gestación. Tras la denuncia de la madre, se inició el proceso legal que culminó con la sentencia.
Este caso es citado por UNNA como prueba de que la tipificación del aborto protege a las mujeres, pues permite sancionar a agresores que recurren a la violencia para imponer un aborto forzado.
¿Debe eliminarse el delito de aborto?
Para la plataforma, la derogación del delito de aborto en los códigos penales estatales y en el federal sería “inviable”, ya que dejaría a las mujeres en estado de indefensión y abriría la puerta a más agresiones sin consecuencias legales.
El informe subraya que el bien jurídico protegido no es solo la vida en gestación, sino también la integridad de la mujer, víctima de violencia, abuso y sometimiento.
Panorama nacional
En 2024 había 38 hombres encarcelados por aborto forzado; en 2025 la cifra subió a 71, con Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua y Sonora como las entidades con más casos.
Con esta sentencia, Irapuato se suma a la lista de procesos judiciales que visibilizan una realidad compleja: el aborto forzado no es una decisión de la mujer, sino un acto de violencia ejercido mayoritariamente por hombres, que la ley busca sancionar y prevenir.
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