Una iniciativa presentada en el Congreso local solicita a las autoridades de las 16 alcaldías de la Ciudad de México respetar el marco legal vigente y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de quienes poseen locales en los mercados públicos.
La solicitud tiene como finalidad impulsar procedimientos transparentes y equitativos en la administración y operación de estos espacios, cuya relevancia económica y social es reconocida para millones de habitantes.
Judith Vanegas Tapia, legisladora que presentó la propuesta a título propio y en representación de Xóchitl Bravo Espinosa del partido Morena, destacó en su intervención que los mercados públicos de la Ciudad de México reúnen características esenciales para la vida urbana y la identidad local.
Detalles de la propuesta
De acuerdo con Vanegas Tapia, los mercados públicos abastecen semanalmente a más de 7 millones de personas y son fuente de alrededor de 285 mil empleos directos y más de 100 mil empleos indirectos.
La legisladora aseguró que datos oficiales reportan que los mercados contribuyen con el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad y actúan como “Auténticos amortiguadores de la inflación”, manteniendo precios accesibles en productos básicos y protegiendo la economía familiar.
La funcionaria señaló que “Detrás de estas cifras está la realidad de los locatarios, quienes sostienen estos espacios y al mismo tiempo enfrentan trámites burocráticos, procedimientos desiguales entre alcaldías y muchas veces la falta de certeza jurídica para ejercer plenamente sus derechos”.
¿De dónde viene esta propuesta?
Según la morenista, durante mesas de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos —presidida por Judith Vanegas Tapia—, comerciantes y asociaciones de locatarios expusieron obstáculos en la gestión administrativa de los mercados, incluyendo trámites lentos, duplicidad de requisitos, discrecionalidad de autoridades y la existencia de intermediarios que incrementan costos y dificultan procesamientos.
La derogación de los lineamientos que digitalizaban trámites ha ocasionado que “hoy miles de locatarios deben acudir nuevamente a las ventanillas de las alcaldías”, lo que implica filas extensas y la reaparición de personal deficiente que encarecen, según la diputada, procesos que deberían ser ágiles y transparentes.
Entre los argumentos de la iniciativa destaca que la simplificación de trámites tiene impacto directo sobre comerciantes y consumidores, ya que facilita el funcionamiento de la economía local, garantiza precios justos e incentiva la economía circular.
La solicitud expuesta en el Congreso requiere a las 16 alcaldías “implementar procesos homogéneos, transparentes y accesibles en los trámites relativos a los mercados públicos, garantizando certeza jurídica para las personas locatarias y evitando conductas discrecionales o abusos”.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de integrantes del grupo parlamentario de Morena y de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, que ha manifestado su disposición a colaborar con las propuestas orientadas a fortalecer el comercio popular.
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