Vestida con una cofia de enfermera y portando jeringas con medicamentos, Sandra “N” fue vinculada a proceso penal por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, tras ser acusada de intentar asesinar a un paciente en el Hospital General de Culiacán, Sinaloa.
La decisión judicial incluyó la imposición de prisión preventiva, luego de que la imputada presuntamente inyectó una combinación de sustancias potencialmente dañinas a un interno, utilizando un disfraz para suplantar la identidad del personal médico y acceder al hospital.
El caso fue dictaminado por la jueza Graciela Adriana Peraza quien declaró que existían elementos suficientes para presumir la responsabilidad de Sandra “N” en los hechos ocurridos el 17 de septiembre.
Según la investigación, la acusada ingresó al área de pacientes heridos por arma de fuego y, haciéndose pasar por personal de enfermería, administró a la víctima una mezcla de medicamentos a través del catéter.
Por su parte, la Fiscalía detalló que la mujer portaba una jeringa vacía etiquetada como “solución base” y otras dos llenas, identificadas como Ketorolaco y Clindamicina. Los peritajes oficiales concluyeron que la combinación de estos fármacos puede causar daño severo a la salud.
Sandra iba tras un presunto miembro del Cártel de Sinaloa
El paciente, identificado como “LV” y señalado como presunto operador del Cártel de Sinaloa, se encontraba internado y bajo custodia desde el 6 de septiembre, tras resultar herido en un enfrentamiento armado. Durante el incidente, “LV” manifestó sentir ardor en todo el cuerpo y visión nublada, lo que lo llevó a retirarse el catéter y gritar: “ah, me quieres matar”.
Esta reacción alertó a un agente de la Guardia Nacional que vigilaba el área, quien ingresó de inmediato a la habitación. Ante la situación, Sandra “N” mostró nerviosismo y salió del cuarto, pero fue seguida por el guardia y finalmente interceptada en la explanada del hospital, donde se le aseguraron las jeringas.
En su declaración, Sandra “N” afirmó ser médico general egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y aseguró que acudía al hospital para realizar prácticas de posgrado, supuestamente autorizadas por médicos conocidos.
Relató que se encontraba en el área de pacientes baleados elaborando historias clínicas y que una enfermera le entregó las jeringas para aplicar el medicamento. Según su versión, tras administrar la solución base, el paciente le comunicó las molestias y ella decidió salir del hospital, momento en el que fue detenida por agentes de la Guardia Nacional. Además, denunció haber sido torturada y amenazada por los elementos que la detuvieron, aunque esta acusación no fue corroborada por la autoridad judicial.
Falta de pruebas e inconsistencias narrativas dictaron el fallo contra Sandra
La jueza Peraza consideró inverosímil la explicación de la acusada sobre su presencia en el hospital, así como su comportamiento tras la reacción del paciente. Cuestionó que, siendo médico, Sandra “N” utilizara una cofia de enfermera y que intentara abandonar el hospital con las jeringas en su poder. Además, subrayó la falta de pruebas que justificaran su estancia en el área restringida y la supuesta autorización para realizar prácticas médicas.
Como parte de las medidas cautelares, el tribunal dictó prisión preventiva para Sandra “N” y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. La jueza fundamentó su decisión en la gravedad de los hechos y en la presunción de que la acusada cometió el delito, por lo que permanecerá detenida mientras avanza el proceso judicial.
El paciente “LV”, quien fue el objetivo del ataque, continúa internado y bajo resguardo en el Hospital General de Culiacán, donde permanece desde su ingreso tras el enfrentamiento con fuerzas federales. El caso ha puesto en alerta a las autoridades sobre los riesgos de suplantación de identidad profesional y la seguridad en las instituciones de salud de la región.
La resolución judicial estableció que los elementos presentados en la audiencia resultaron suficientes para mantener a Sandra “N” privada de la libertad, mientras se esclarecen los hechos y se determina su responsabilidad penal.
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