El impacto financiero generado por un crédito irregular ha llevado a la inhabilitación del exalcalde de San Francisco del Oro, Arturo Huerta Luévano, quien no podrá ejercer cargos públicos durante un año, según resolvió el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
La decisión surge del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 020/2025-4 PRA, tras una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que detectó graves irregularidades en la contratación de un préstamo que comprometió las finanzas municipales.
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La ASE identificó que, durante la revisión de la Cuenta Pública 2022, el municipio contrató un crédito con una SOFOM por 5,7 millones de pesos, sin cumplir los procedimientos legales establecidos.
Préstamo sin permiso del congreso
El préstamo, además de no contar con la autorización del Congreso del Estado, impuso al municipio el pago de intereses con tasas superiores a las del mercado, lo que representó un incremento del 139 por ciento sobre el importe solicitado.
Esta condición financiera no solo afectó la administración encabezada por Huerta Luévano, sino que también comprometió a la gestión siguiente.
Entre las irregularidades documentadas por la ASE, se destaca que el recurso obtenido se destinó a gasto corriente, en contravención de la normatividad vigente, que exige que los financiamientos municipales se utilicen exclusivamente para inversión pública productiva.
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Además, la investigación reveló que no se realizó un análisis de mercado para asegurar las mejores condiciones, no se especificó el plazo de pago y el Cabildo no fue informado de las disposiciones contractuales necesarias para autorizar la operación.
La Cuarta Sala Unitaria en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA concluyó que el exalcalde incurrió en una falta grave de abuso de funciones, al violar tanto la Ley de Deuda Pública del Estado como la Ley de Disciplina Financiera que regula la contratación de créditos por parte de instituciones públicas. Por estos hechos, el tribunal determinó la inhabilitación de Huerta Luévano por un año.
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Además de la sanción administrativa, permanece abierto un procedimiento penal, ya que la conducta observada podría constituir un delito, según la denuncia presentada por el órgano fiscalizador ante el TEJA.
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