El Congreso de Nuevo León aprobó de manera unánime una reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar. Esta modificación establece como obligación para los maestros notificar al Ministerio Público cuando detecten situaciones que puedan ser consideradas delitos en el entorno escolar.
La reforma fue promovida por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), fortalece los principios y protocolos para abordar casos de acoso y violencia entre estudiantes. El objetivo es consolidar una cultura de paz en las escuelas y garantizar que los docentes reciban capacitación adecuada para identificar y manejar estos incidentes.
Según el dictamen aprobado, los docentes fungen como la primera autoridad dentro de las aulas y tienen la responsabilidad de proteger el bienestar de los alumnos. Por este motivo, cuando un maestro sea testigo o tenga conocimiento de conductas que puedan constituir un posible delito, deberá seguir los lineamientos legales y, de ser necesario, informar al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes.
Durante la sesión, Perla Villarreal, presidenta de la Comisión de Educación, destacó la frecuencia con la que se presentan casos de acoso escolar en la entidad. Señaló que la iniciativa busca asegurar que exista claridad en los protocolos y las acciones a seguir por parte de los maestros ante situaciones de riesgo para los estudiantes.
La propuesta legislativa también subraya la importancia de la capacitación continua para docentes y personal administrativo, con el propósito de fortalecer la prevención, detección y el correcto manejo de incidentes de acoso. Claudia Caballero, diputada local por el PAN, insistió en que es fundamental que el personal escolar cuente con las herramientas necesarias para actuar de acuerdo con la ley y garantizar la integridad física y emocional del alumnado.
El dictamen menciona el caso registrado en la Universidad Tec Milenio, donde se habrían presentado situaciones de acoso y conductas que podrían estar tipificadas como delitos. El incidente sirvió como referencia para resaltar la necesidad de establecer sanciones claras y responsabilidades para quienes omitan denunciar posibles hechos delictivos.
La reforma advierte que, en caso de que el personal escolar no informe a las autoridades competentes sobre hechos constitutivos de delito, podría ser señalado como responsable de encubrimiento. Con este cambio legal, el Congreso local busca cerrar la brecha de omisión institucional y asegurar una respuesta más efectiva frente a la violencia escolar en Nuevo León. Los legisladores buscan evitar omisiones que puedan tener graves consecuencias.
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