¿Cuánto ganan los nuevos ministros de la SCJN? Sus salarios superan ligeramente al de la presidenta Claudia Sheinbaum

Los nuevos ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicaron cuáles serán sus salarios mensuales, mostrando que la mayoría de las y los ministros recibirá un salario neto superior al de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Según información oficial publicada en la página web de la Corte, la diferencia se presenta pese al anuncio del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien el pasado lunes aseguró que se acataría cabalmente el mandato constitucional que exige que ningún integrante del máximo tribunal federal perciba más que la titular del Ejecutivo.

¿Cuánto ganarán?

Según el portal de Buen Gobierno, que registra de manera pública los ingresos de altos funcionarios, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, tiene autorizado un sueldo bruto mensual de 191,846 pesos mexicanos y un suelto neto de 133,332 pesos mexicanos.

Las cifras difundidas por la SCJN hasta esta madrugada del jueves ubicaban el el sueldo bruto de seis ministros y ministras es de 191,656 pesos mensuales y un sueldo neto de 137,582 pesos mensuales.

En ese sentido, el sueldo bruto es ligeramente menor, pero el sueldo neto ligeramente mayor.

Entre quienes reportaron este salario se encuentran Hugo Aguilar Ortiz (ministro presidente), Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra y Giovanni Azael Figueroa Mejía.

En el caso de la ministra Lenia Batres Guadarrama, el miércoles por la noche se había publicado que su salario era de 128,000 pesos netos mensuales, sin embargo, horas más tarde esta información fue removida de su página perfil.

Por su parte, los registros de sueldo para Arístides Rodrigo Guerrero García e Irving Espinosa Betanzo todavía no están publicados en las plataformas oficiales.

De acuerdo con los datos de transparencia, los anteriores ministros de la Suprema Corte percibían un sueldo base de 206,948 pesos mensuales, cifra a la que se agregaban prestaciones económicas adicionales. Entre estos beneficios se incluían 445,309 pesos netos anuales por concepto de prestaciones y un seguro de pago por riesgo, equivalente a 416,754 pesos netos al año.

Promesa de austeridad

El pasado lunes 1 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició una transformación institucional al anunciar el fin de privilegios salariales y prestaciones exclusivas para sus integrantes, quienes comenzarán a utilizar los servicios médicos del ISSSTE.

El anuncio se dio durante la sesión solemne de instalación de la nueva Corte, tras la toma de protesta de los jueces electos.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz dijo en su discurso: “Tan pronto se constituya el órgano de administración judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la Presidenta de la República”.

Otro de los cambios inmediatos será la eliminación de prestaciones consideradas exclusivas, como el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de jubilación anticipada. “Todos nosotros nos someteremos a los servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”, comunicó. El presidente de la Corte estimó un ahorro de hasta 800 millones de pesos al año con la supresión de estos apoyos y seguros.

También dio conocer que se solicitará una revisión de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro para que se ajusten a la Constitución General.

Entre las medidas de austeridad, el magistrado detalló que la eliminación de apoyos y seguros permitirá alcanzar ahorros considerables. “Tomando esta medida podremos ahorrar un monto del orden de los800 millones de pesos al año”.

Durante su discurso, Aguilar Ortiz puso énfasis en la legitimidad de esta transformación y en el carácter democrático de la nueva Corte. La presidencia de la Corte recalcó el compromiso de garantizar el acceso a la justicia a toda la población, consolidar la paridad de género y preservar la independencia judicial.