La continuación del proceso penal contra Gerardo Vargas Landeros, exalcalde desaforado de Ahome, y varios exfuncionarios de su administración por presunta corrupción en la contratación irregular de servicios de consultoría, fue aplazada hasta el 3 de octubre.
La decisión se tomó luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción entregó en la audiencia de este jueves la carpeta de investigación a la defensa, lo que llevó al juez Carlos Alberto Herrera a conceder un plazo de 20 días hábiles para que los abogados revisen las más de 3 mil 300 páginas de pruebas y preparen su estrategia legal.
El aplazamiento responde a la reciente entrega de la documentación que sustenta la acusación de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público. Entre las pruebas presentadas se incluyen facturas y otros documentos que, según la fiscalía, evidencian la supuesta contratación ilegal de servicios de consultoría por parte del Ayuntamiento de Ahome en 2021.
El contrato, por un monto de 33.7 millones de pesos, se realizó de manera directa con una empresa ubicada en León, Guanajuato, para gestionar el cobro del Impuesto Sobre la Renta municipal, sin que mediara un proceso de licitación pública, a pesar de que el monto requería este procedimiento.
La denuncia que originó este proceso fue presentada por Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien asumió como alcalde sustituto de Ahome. Menéndez de Llano Bermúdez señaló que el gasto millonario se efectuó sin cumplir con los requisitos legales de contratación, lo que motivó la intervención de la Auditoría Superior del Estado.
Este organismo, en su informe sobre la cuenta pública de 2021, advirtió la irregularidad en la adjudicación directa del contrato, subrayando la omisión de los procedimientos de licitación obligatorios para montos de esa magnitud.
Quiénes son los acusados por el Gobierno estatal y por qué se les acusa
Entre los señalados en este caso, además de Vargas Landeros, figuran Genaro García Castro, exsecretario del Ayuntamiento; Cecilia Hernández Flores, exsíndica procuradora; Judith Elena Luna Castro y Marysol Morales Valenzuela, exregidoras; así como Gerardo Iván Hervás Quindós, Héctor Adonaí Beltrán Moreno, Antonio Humberto Vega Arellano y Fausto Rubén Ibarra Celis, quienes integraron el Comité de Adquisiciones del municipio durante la gestión investigada.
Este proceso penal es el tercero que enfrenta Vargas Landeros por presuntos actos de corrupción. Los dos anteriores corresponden, por un lado, a la compra sin licitación de 126 patrullas por un valor de 171 millones de pesos y, por otro, a un presunto abuso de autoridad, al negarse reiteradamente a proporcionar información sobre ese contrato a la Fiscalía General del Estado, lo que habría obstaculizado la labor de procuración de justicia.
Mientras tanto, los exfuncionarios de su gabinete solo enfrentan cargos relacionados con la adquisición de las patrullas y la presunta contratación irregular de servicios de consultoría.
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