Regreso a clases 2025: qué pasa si no puedes pagar todas las colegiaturas del ciclo

En México, asegurar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la educación representa una de las obligaciones más importantes del Estado, tal como lo establece la Constitución y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El interés superior de la niñez debe ser el eje central de todas las decisiones y acciones relacionadas con su formación. Si bien la educación básica gratuita está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cada vez más familias optan por escuelas privadas. Estas instituciones, sin embargo, deben operar bajo reglas específicas para garantizar que los menores reciban la educación que merecen y los padres estén plenamente informados sobre sus derechos y obligaciones.

Las escuelas particulares que ofrecen servicios educativos en el país están sujetas a una serie de disposiciones legales para operar con validez oficial. De acuerdo con la información publicada en la Revista del Consumidor de agosto de la Profeco, estos planteles tienen la obligación de informar a madres, padres y tutores la precisa indicación de los tipos de servicios que ofrecen, los grados escolares que cubren, la fecha y número del acuerdo de incorporación a la SEP, o bien, aclarar si el plantel no cuenta con dicha incorporación.

De igual forma, deben detallar el monto total de las colegiaturas, la periodicidad y condiciones de pago, así como los costos totales de exámenes, cursos, servicios adicionales y otros conceptos relevantes como duplicados de certificados o constancias. También deben de especificar el precio de la inscripción y la reinscripción.

No obstante, pese a la planeación de las familias, pueden presentarse situaciones inesperadas que afecten la capacidad de pago de la colegiatura. Si una madre, padre o tutor acumula tres meses sin cubrir el pago, la escuela privada tiene permitido dejar de prestar el servicio educativo, es decir, suspender la formación académica del estudiante. Sin embargo, se exige que la institución notifique con al menos quince días de anticipación sobre esta situación.

Entre las garantías que deben respetarse en caso de no poder pagar las colegiaturas, la escuela debe entregar toda la documentación oficial del alumno —como certificados y constancias— en un plazo no mayor a quince días desde que se solicita, sin ningún costo. Esto con el fin de que el estudiante pueda continuar su información en otra institución.

Además, los alumnos pueden presentar exámenes extraordinarios pagando únicamente los derechos correspondientes y en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros.

En situaciones donde una escuela privada se niega a liberar los documentos oficiales de un alumno, la Profeco se convierte en un recurso fundamental para los padres y tutores. A través de sus mecanismos de queja la procuraduría asesora, orienta y defiende los derechos de los consumidores educativos.