El diputado de Morena, José Narro Céspedes, presentó una propuesta para modificar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) con el fin de ampliar la participación de las personas jóvenes en la esfera pública y en los procesos políticos del país.
La iniciativa plantea incorporar una fracción VIII Bis al artículo 4 de la ley, con lo cual el IMJUVE tendría la responsabilidad de promover que los programas y planes de los gobiernos federal, estatales y municipales incluyan de forma obligatoria la perspectiva de juventudes. Además, tendría la facultad de emitir recomendaciones para reforzar la aplicación transversal de ese enfoque en las políticas públicas.
En el documento entregado a la Cámara de Diputados, Narro Céspedes expone que la representación juvenil en los espacios de decisión política es reducida, especialmente en las estructuras de los partidos. Argumenta que no existen medidas que estimulen o garanticen su participación efectiva en los procesos electorales.
Para revertir este escenario, la propuesta incorpora un requisito legal que obligaría a los partidos políticos a reservar, como mínimo, 30 % de sus candidaturas a personas jóvenes. Dicho porcentaje podría incrementarse de acuerdo con las cifras que reporte el censo nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Busca garantizar inclusión de la juventud y atender sus intereses
El diputado subraya que esta medida tiene el propósito de “eliminar la subrepresentación de este sector, garantizar su inclusión y atender sus intereses”, además de fortalecer la integridad y la transparencia en los procedimientos vinculados a sus derechos políticos.
La propuesta también busca que el IMJUVE asuma un papel más activo en la coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para que la perspectiva de juventudes se integre en ámbitos como empleo, educación, cultura y participación ciudadana. Esto implicaría que las instituciones gubernamentales ajusten sus planes y programas para contemplar de manera explícita las necesidades y expectativas de este grupo de población.
Actualmente, la Ley del IMJUVE no establece un porcentaje mínimo de participación juvenil en candidaturas ni un mandato específico para que los gobiernos adopten un enfoque transversal en sus políticas. Según el legislador, la adición de la fracción VIII Bis cubriría esa carencia y crearía un marco normativo que permitiría dar seguimiento y evaluar su cumplimiento.
El planteamiento fue remitido a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados para su estudio. De aprobarse en esa instancia, pasará al pleno para su discusión y eventual votación. Aunque no se ha definido un calendario para su dictamen, Narro Céspedes adelantó que buscará el respaldo de legisladores de otras fuerzas políticas para que avance en el periodo legislativo en curso.
De acuerdo con datos del INEGI, el segmento juvenil representa una proporción relevante de la población nacional. Sin embargo, su presencia en cargos de elección popular y en posiciones de dirección partidista es limitada. Organizaciones civiles y especialistas han advertido que esta situación puede generar un déficit en la representación de sus intereses en la agenda política y han recomendado implementar medidas de acción afirmativa que garanticen su inclusión.
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