Anuncian cámaras en policías y patrullas para transparentar operaciones en Tijuana

El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, anunció la próxima implementación de cámaras en los elementos de la policía y en las patrullas de la ciudad. Esta medida busca registrar las intervenciones policiales con el objetivo de asegurar la transparencia en el desempeño de los agentes, aunque no se especificó el inicio de su aplicación.

Durante una jornada de Bienestar realizada en la Unidad Deportiva El Rubí, Burgueño Ruiz detalló que se equiparán todas las patrullas a nivel municipal. “Seguramente, por fin, todas las unidades de la policía van a tener cámara en Tijuana, todas, para transparentar las revisiones, el actuar de la policía, que ustedes estén más tranquilos”, explicó el alcalde.

El anuncio fue presentado ante vecinos de la delegación San Antonio de los Buenos, donde el edil reiteró el compromiso de fortalecer la vigilancia y la confianza ciudadana a través del uso de tecnología en las labores de seguridad pública.

Obligatoriedad de cámaras corporales para policías y cambio de patrullas en Tijuana

El alcalde añadió que los agentes de policía deberán portar una cámara corporal en cada intervención. “Estamos iniciando ya los trabajos para que el policía tenga cámara corporal, de manera obligatoria. Vamos a tener la oportunidad de transparentar cuando tengan contacto con la policía municipal”, sostuvo el alcalde.

Según el medio especializado Semanario Zeta, el 31 de julio se llevó a cabo una sesión extraordinaria virtual en el Cabildo de Tijuana, donde se aprobó por unanimidad modificar el modelo de las patrullas arrendadas para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) mediante un contrato plurianual.

Esta decisión proviene de la información comunicada por el titular de la SSPCM, José Alejandro Avilés Amezcua, quien señaló que los automóviles Dodge Charger solicitados ya no se fabrican.

Por ello, se optó por los modelos Ford F150 XL V6 4×2 Crew Cab y Ram 2500 SLT HD 4×4 V8, ambos modelos 2022 o superiores. La sustitución contempla 24 unidades Ford y 68 Ram, manteniendo el monto original del contrato por 946 millones 372 mil 185.99 pesos.

Bodycams en México: municipios apuestan por la vigilancia policial transparente

Durante 2025, diversas ciudades y municipios de México han comenzado a implementar sistemas de videovigilancia personal, como cámaras corporales (bodycams) para elementos policiacos y equipos de grabación en patrullas, con el fin de fortalecer la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas en los operativos de seguridad.

En el Estado de México, el municipio de Cuautitlán Izcalli puso en marcha desde mayo un modelo específico para infracciones de tránsito, en el que únicamente las mujeres policías están autorizadas para aplicar sanciones.

Ellas portan cámaras adheridas al chaleco, que deben activarse al inicio de cada procedimiento. “Las cámaras pegadas al chaleco de las mujeres policías de tránsito deberán comenzar a grabar para que desde el C4 puedan observar y escuchar toda la conversación durante el procedimiento”, explicó el presidente municipal, Luis Daniel Serrano Palacios.

Por su parte, en León, Guanajuato, el síndico José Arturo Sánchez Castellanos, quien preside la comisión de Patrimonio y el comité de Adquisiciones, señaló el 31 de julio de 2024 que la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana había iniciado el proceso para adquirir 1,044 cámaras.

El objetivo es que, durante el primer trimestre, todo el personal operativo obligado a usar bodycam cuente con estos dispositivos, en seguimiento a los protocolos de actuación modificados en mayo de 2024.

En el caso de Querétaro, la implementación de estos sistemas arrancó en febrero de 2024, cuando se integraron 705 cámaras corporales al equipo de la policía municipal. Esta medida busca profesionalizar la labor de los agentes y reducir posibles conflictos durante intervenciones y encuentros con la ciudadanía.

La adopción de tecnología de vigilancia portátil sigue expandiéndose en el país como una estrategia para aumentar la confianza pública y garantizar procesos policiales documentados.