El Congreso de Oaxaca tomó una decisión sin precedente, se decidió aprobar la desaparición del Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Piñas.
Esta medida se dio después que renunciaran los concejales de este municipio y por el asesinato de la alcaldesa, Lilia Gemma García Soto a manos de un comando, el pasado 15 de junio.
Con fundamento en el artículo 115 constitucional y la Ley Orgánica Municipal, la Sexagésima Sexta Legislatura de Oaxaca, con 33 votos a favor, aprobó en sesión extraordinaria la desaparición del Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Piñas para el periodo 2023‑2025.
Además, se notificará la decisión al Poder Ejecutivo local, a las secretarías de Gobierno y Finanzas del estado, a la Auditoría Superior y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), con copia certificada del Decreto.
Cabe recordar que el 30 de junio de 2025, quince días después del asesinato, todos los concejales propietarios electos presentaron su renuncia irrevocable en una asamblea extraordinaria realizada bajo el régimen de usos y costumbres de la comunidad. La Asamblea municipal aceptó las renuncias por unanimidad.
Consecuencias y pasos próximos
El gobernador deberá nombrar a un encargado de la administración municipal para evitar un vacío de autoridad y garantizar servicios básicos hasta finales de 2025.
Luego, 15 días antes de cumplir los 90 días de gestión, se propondrá al Congreso la formación de un Consejo Municipal para su ratificación.
La Fiscalía de Oaxaca investiga posibles móviles relacionados con la denuncia de desvío de 25 millones de pesos del fondo de reconstrucción tras el huracán Agatha, robo con violencia de recursos municipales, imposición de cuotas por tala ilegal, falsificación de documentos y disputas políticas locales.
El asesinato ocurrió alrededor de las 11:40 horas, cuando cinco personas encapuchadas llegaron en motocicletas y dispararon decenas de veces en pocos minutos. La presidenta municipal cayó herida por un balazo mortal, mientras que también murió un representante comunitario y una psicóloga resultó lesionada.
Tras el ataque, que dejó al menos 60 casquillos percutidos y armas de alto poder involucradas —rifles AR‑15 y AK‑47 entre otras—, las fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo en la zona.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, calificó el crimen como cobarde y se comprometió a colaborar con la Fiscalía para esclarecer los hechos.
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