Ante la imposición de un arancel del 17.09% a las exportaciones mexicanas de jitomate por parte del Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de México y las principales organizaciones de productores nacionales cerraron filas para defender la competitividad del campo mexicano y la estabilidad del comercio agroalimentario regional.
El nuevo gravamen fue aplicado tras la decisión del presidente Donald Trump de reactivar un fallo del Departamento de Comercio de 1996, impulsado por el grupo de presión Florida Tomato Exchange (FTE), que alegó prácticas de dumping en la venta del vegetal rojo mexicano en EEUU.
La medida pone fin al llamado Acuerdo de Suspensión del Tomate, renovado durante casi tres décadas, y cuya finalidad era evitar sanciones arancelarias a cambio de que México estableciera un precio mínimo para la venta del producto.
Un golpe contra el agro nacional… y el consumidor estadounidense
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) calificó el arancel como unilateral, injustificado y perjudicial tanto para los productores mexicanos como para el mercado estadounidense.
El titular de la dependencia, Julio Berdegué, anunció que junto con la Secretaría de Economía (SE) y asociaciones agrícolas, se ha acordado un plan de acción integral para enfrentar el desafío.
“Vamos a superar el desafío impuesto unilateralmente por EUA. Hoy acordamos un plan de acción integral”, escribió en redes el funcionario federal, tras reunirse con líderes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la AMHPAC, la CAADES y otras organizaciones productoras de jitomate.
Las agrupaciones agrícolas mexicanas advirtieron que esta medida:
- Pone en riesgo miles de empleos en el campo nacional
- Afecta a la cadena logística, de exportación y distribución
- Encarece los alimentos en Estados Unidos, ya que México provee 70% del jitomate fresco que se consume en ese país
“El arancel representa un retroceso en la integración de América del Norte y amenaza la seguridad alimentaria de la región”, advirtió el CNA.
Llamado al diálogo binacional y a defender el T-MEC
Los productores mexicanos reiteraron su disposición al diálogo y la cooperación, subrayando que ya en 2019, tras una medida similar, se logró restaurar el acuerdo mediante negociaciones bilaterales.
“Seguiremos trabajando con el Gobierno federal para encontrar soluciones que garanticen la subsistencia de la industria nacional, el bienestar de los trabajadores del campo y la estabilidad de toda la cadena agroexportadora”, expresaron asociaciones como el Sistema Producto Tomate y la Asociación de Productores del Yaqui y el Mayo.
Estados Unidos también pierde: alertan por inflación y pérdida de empleos
En Estados Unidos, la medida ha generado amplio rechazo incluso entre gobernadores republicanos y demócratas, como Greg Abbott (Texas) y Katie Hobbs (Arizona), además de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Border Trade Alliance (BTA) y la Asociación Nacional de Restauranteros.
Según un estudio del American Action Forum, el nuevo arancel podría provocar:
- Un aumento de entre 6% y 10% en el precio del jitomate fresco en Estados Unidos
- La necesidad de cultivar hasta 250 mil acres adicionales para suplir la producción mexicana
- Pérdidas millonarias para industrias de logística, almacenamiento, restauración y distribución
“El comercio de tomate genera más de 8 mil 300 millones de dólares en beneficios económicos en EEUU Imponer esta barrera puede causar daños duraderos a la economía estadounidense”, advirtió Britton Mullen, presidenta de la BTA.
Una medida con tinte político-electoral
Analistas y actores del sector coinciden en que la reactivación del arancel responde a presiones del lobby agrícola de Florida, estado clave para las elecciones presidenciales de 2026, donde los productores llevan más de tres décadas intentando frenar las importaciones mexicanas.
“No es una política comercial sensata, sino una concesión electoral a un grupo regional pequeño, pero ruidoso”, resumió la BTA.
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