El gobierno del Estado de México dio por terminadas cuatro concesiones a empresas de transporte público debido a prácticas irregulares que ponían en riesgo la vida de los usuarios, además de constantes quejas de acoso sexual a las pasajeras.
Además, el gobierno mexiquense detalló que en el marco de la aplicación de una política de cero tolerancia al transporte público irregular, se han presentado 13 denuncias penales e iniciado 16 procedimientos administrativos contra operadores que incumplen las normas y ponen en riesgo la vida de los usuarios.
El Secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, explicó que las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por el presunto delito de prestación ilícita del servicio de transporte, conforme al artículo 148 del Código Penal estatal.
“El gobierno del Estado de México va a priorizar su seguridad, va a priorizar la vigilancia y va a aplicar sanciones de lo más duro para los transportistas que no cumplan, les decimos también, siempre cuidando la presunción de inocencia, siempre cuidando el debido proceso, pero el Gobierno del Estado de México pasará de sanciones administrativas, a consecuencias penales”, aseguró Sibaja González.
Sobre las 16 investigaciones administrativas dirigidas a operadores del transporte público, el gobierno estatal detalló que estas abarcan infracciones como la conducción bajo los efectos del alcohol, manejo por menores de edad, acoso sexual a personas usuarias, participación en carreras clandestinas y hechos de tránsito en los que hubo personas lesionadas o fallecidas.
Las autoridades informaron que 10 de las 16 investigaciones se concentran en los municipios de Toluca, Atlacomulco, Valle de Bravo, Tejupilco e Ixtapan de la Sal.
Uno de los objetivos principales es acabar con el servicio de transporte irregular, pues en muchos casos los operadores de unidades piratas se vieron involucrados en accidentes viales y se dieron a la fuga, dejando a los pasajeros heridos. Por ello la política de tolerancia cero.
Las autoridades mexiquenses señalaron que la meta es eliminar la impunidad y consolidar un sistema de transporte público seguro y eficiente, con enfoque en los derechos de los usuarios.
Según datos oficiales, la presente administración ha realizado dos mil 491 operativos de verificación en distintas regiones mexiquenses, con el objetivo de comprobar que los vehículos cumplan con las condiciones físico-mecánicas que exige la normativa.
Además, la autoridad estatal ha invitado a la población a denunciar cualquier conducta irregular o hecho grave que suceda en el transporte público.
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