Carlos Enrique, de 21 años y padre de dos menores, fue asesinado la noche del lunes en un campamento ubicado en Campeche, donde exigía el pago de su finiquito junto a otros trabajadores.
La protesta iba dirigida a la empresa Java Construcciones, contratada para labores en el acueducto Xpujil–López Mateos en colaboración con el Ejército Mexicano, la cual se retiraba del sitio sin liquidar los adeudos laborales.
Al percatarse de que la maquinaria sería retirada sin obtener los pagos correspondientes, un grupo de trabajadores bloqueó el acceso al campamento.
Detalle de los sucesos
Luego de tres días de protesta, un sicarios irrumpieron en el lugar y dispararon contra los manifestantes, terminando con la vida de Carlos y dejando a otro empleado herido. Hasta el momento, ni la empresa ni las autoridades militares han emitido declaraciones respecto al ataque.
Carlos Enrique, originario de Calakmul, se convirtió en la víctima número 219 de homicidio en Campeche en lo que va del año. Su caso pone en evidencia los riesgos que enfrentan los trabajadores al reclamar sus derechos, en un contexto de precarización laboral, tercerización de servicios y la presencia de la violencia en el estado.
Durante 2024, Campeche registró 96 homicidios, de los cuales 45 fueron clasificados como dolosos. Este tipo de delitos ha mostrado una tendencia al alza, con un incremento del 40 por ciento en el primer bimestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior.
Más del 97 por ciento de los delitos cometidos en el estado durante el primer semestre de 2024 han sido considerados de alto impacto, según fuentes oficiales.
Al exigir el pago de su finiquito, Carlos Enrique ejercía derechos fundamentales reconocidos en la ley mexicana. De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), en caso de renuncia voluntaria el trabajador debe recibir las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y, si aplica, prima de antigüedad, además de cualquier prestación vigente estipulada en su contrato.
En caso de despido, los empleados pueden reclamar el pago de tres meses de salario como indemnización constitucional, prima de antigüedad, las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y otras prestaciones no cubiertas.
Además, pueden exigir la reinstalación en su puesto bajo las mismas condiciones laborales previas. Para entablar una demanda por despido injustificado existe un plazo de dos meses.
La PROFEDET ofrece orientación, conciliación y representación jurídica gratuitas a los trabajadores en todo el país. Para obtener más información, asesoría y ubicaciones, se puede consultar el portal oficial del organismo.
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