Artículo 19 exige a Sheinbaum y FGR investigar red de corrupción en compra de Pegasus durante gobierno de Peña Nieto

La organización Artículo 19, defensora del derecho a la libertad de expresión, exigió una investigación profunda, independiente y transparente sobre una red de empresas intermediarias vinculadas a la compra y uso ilegal del software espía Pegasus durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El pronunciamiento responde a revelaciones del diario israelí The Marker, el cual expuso que dos empresarios de ese país, Avishai Neria y Uri Ansbacher, operaron como facilitadores de contratos entre firmas israelíes y el gobierno mexicano. Según ese medio, Peña Nieto habría recibido 25 millones de dólares en sobornos a cambio de asignar contratos vinculados al uso de Pegasus, un malware diseñado para espiar teléfonos móviles sin consentimiento ni supervisión judicial.

A la exigencia de Artículo 19 se sumaron la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC, organizaciones especializadas en derechos digitales y vigilancia gubernamental. En conjunto, condenaron lo que describen como una operación sistemática de corrupción, espionaje ilegal y violación de derechos fundamentales, donde se utilizaron recursos públicos para espiar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

“Diversas investigaciones periodísticas han evidenciado la corrupción en la compra de Pegasus, que representó un abuso de recursos públicos y facilitó violaciones masivas a la privacidad”, expresó Artículo 19 mediante un comunicado.

Las denuncias se apoyan en evidencias surgidas del único juicio penal en México relacionado con Pegasus, el cual abordó el caso del espionaje a la periodista Carmen Aristegui. Durante ese proceso judicial, se documentaron los vínculos de Uri Ansbacher con el gobierno peñista, así como su papel como intermediario en la venta del malware.

Además, un testigo protegido identificado como “Zeus” declaró que Ansbacher operaba por órdenes directas de Enrique Peña Nieto, del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Eugenio Imaz, titular del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Según su testimonio, estos funcionarios avalaban intervenciones ilegales de comunicaciones sin orden judicial alguna.

Frente a estos hechos, Artículo 19 exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) y al nuevo gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se lleve a cabo una investigación imparcial, exhaustiva y con independencia política, para identificar, procesar y sancionar a todos los responsables, sin importar el nivel jerárquico.

Asimismo, pidió que se garantice la no repetición de estos abusos y que se transparenten los recursos públicos utilizados en tecnologías de vigilancia, no solo durante el mandato de Peña Nieto, sino también durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde también se han documentado casos de espionaje con Pegasus.

El caso se suma al historial de escándalos asociados al software espía que desde 2017 ha revelado su uso sistemático en México. Para las organizaciones firmantes, se trata de una grave violación a derechos humanos que aún espera justicia.