La democracia mexicana enfrenta dos desafíos estructurales: la debilidad fiscal del Estado y la expansión territorial de la delincuencia organizada, advirtió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exjefe de Gobierno del entonces Distrito Federal en el periodo 1997-1999.
Durante la conmemoración del 37 aniversario luctuoso de Francisco Xavier Ovando, Cárdenas señaló que la actual administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, carece de los recursos necesarios para atender funciones esenciales del Estado como salud, educación, seguridad social, cultura, infraestructura y desarrollo económico.
“El Estado mexicano no cuenta con los recursos suficientes para atender necesidades sociales básicas ni para impulsar el desarrollo económico. Esa carencia lo vuelve débil en lo social, económico y político”, afirmó Cárdenas.
A partir de este diagnóstico, planteó la urgencia de una reforma fiscal integral. Según dijo, ésta debe incluir una asignación eficiente del gasto público, una distribución equitativa del ingreso entre los tres niveles de gobierno y el fomento de la inversión en sus tres modalidades: pública, privada y mixta. A su juicio, estas medidas son necesarias para asegurar el crecimiento sostenido de la economía nacional.
Impacto económico de la delincuencia organizada
Además del tema fiscal, el también excandidato presidencial alertó sobre el impacto creciente de la delincuencia organizada en diversas regiones del país. Subrayó que esta problemática no sólo pone en riesgo la seguridad de la población, sino también el funcionamiento de las actividades económicas.
“El control territorial que ejerce la delincuencia organizada alcanza cada vez a más comunidades. Su presencia no se limita al ámbito delictivo, sino que genera efectos negativos en la economía local y nacional”, advirtió.
Cárdenas consideró que el combate a la criminalidad no puede limitarse a acciones de fuerza. Afirmó que deben acompañarse de políticas orientadas a reducir la desigualdad, elevar las condiciones de vida y consolidar la presencia institucional del Estado y de la sociedad en los territorios más afectados.
También propuso revisar el funcionamiento de las instituciones responsables de la seguridad, actualizar la legislación vigente y fortalecer a las policías estatales y municipales, tanto en tareas de prevención como en acciones contra la impunidad.
Finalmente, subrayó la necesidad de establecer mecanismos eficaces para impedir la colusión entre funcionarios públicos y grupos criminales, como condición indispensable para restablecer la confianza ciudadana y avanzar hacia una democracia funcional.
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