La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) a entregar una versión pública de la carpeta de investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
En la sesión de este miércoles, se determinó que la fiscalía deberá publicar en su micrositio una versión de la carpeta sobre el Caso Iguala, en la que deberán ser protegidos los datos confidenciales de los terceros involucrados, en este caso, las víctimas.
Dicha decisión se realizó por dos juicios de amparo promovidos por diversas personas en su calidad de víctimas relacionadas con el caso, quienes tras la resolución del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de entregar una versión pública, se opusieron.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la SCJN avaló la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien señaló que en hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos se debe dar a conocer la información sin dejar de proteger los datos personales.
Las personas que interpusieron amparos reclamaron que no se les llamó como terceros interesados en el procedimiento llevado a cabo ante el INAI, y que la publicación de la información recabada en la investigación tendría datos que permitirían identificarlos y los pondría en riesgo por la relevancia de los hechos y el involucramiento de Guerreros Unidos.
Al ser turnado a la SCJN para su revisión, el Alto Tribunal determinó que no existía obligación del INAI para llamar a las víctimas como terceros interesados en relación a la publicación de sus datos personales, ya que se trata de información pública que está relacionada con violaciones graves a derechos humanos.
“Por lo que para ello no era necesario el consentimiento de las víctimas del delito”, señaló la SCJN.
A partir de lo anterior, la Primera Sala determinó que por medio de la expedición de una versión pública en la que se traten los datos confidenciales se protegen los derechos de las víctimas involucradas, por lo que confirmó las sentencias impugnadas y negó el amparo solicitado.
A poco más de diez años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres y madres aún no saben cuál es el paradero de sus hijos luego de que desaparecieran la entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, esto a pesar del compromiso realizado por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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