Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta legislación busca establecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana sustentado en la prevención, la profesionalización policial y la inteligencia estratégica.
Durante la sesión, la diputada Jessica Saiden Quiroz, de Morena, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, explicó que la nueva ley responde a la necesidad de subsanar deficiencias estructurales del sistema anterior, atender exigencias sociales urgentes y armonizar las políticas públicas entre los tres niveles de gobierno. El modelo normativo plantea una coordinación bajo principios de colaboración, transparencia y enfoque en resultados.
La diputada señaló que esta ley permite materializar lo dispuesto en el artículo 21 constitucional y complementa las atribuciones conferidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al dotarla de una estructura normativa para operar de forma más eficiente y eficaz en el diseño e implementación de políticas de seguridad.
Uno de los ejes del nuevo marco legal es la racionalización del gasto público en materia de seguridad. En lugar de aumentar presupuestos de forma inercial, la ley establece criterios para su aplicación, seguimiento y evaluación, con intervención directa de la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, se fortalece la rendición de cuentas mediante mecanismos de control institucional.
Plan de formación policial
La ley incorpora un plan rector de formación policial, que incluye estándares de certificación y un régimen disciplinario actualizado. El objetivo es contar con cuerpos policiales más preparados, con ética profesional y vocación de servicio. También se establece una política nacional de acreditación y certificación, tanto para instituciones como para agentes individuales.
En cuanto al procesamiento y gestión de información, se establece la obligación de alimentar diariamente los registros nacionales con datos confiables. Esto permitirá mejorar la interoperabilidad institucional, vincularse con el Sistema Nacional de Inteligencia y de Investigación, y dar respuesta más rápida a fenómenos delictivos.
Los órganos de coordinación del sistema, como el Consejo Nacional de Seguridad Pública y las Conferencias Nacionales, podrán sesionar de manera virtual o conjunta. Esta medida busca adaptarse a los desafíos operativos sin comprometer la comunicación interinstitucional.
¿Y la Guardia Nacional?
La Guardia Nacional queda incorporada de manera expresa al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en concordancia con el artículo 21 constitucional. Esta integración le otorga certidumbre jurídica y formaliza su participación en la coordinación operativa nacional.
La ley también contempla mecanismos de cooperación con los poderes judiciales y otras instituciones del Estado. La finalidad es unificar criterios, compartir prácticas eficaces y formular políticas públicas con enfoque transversal. La seguridad, según el dictamen, no debe entenderse sólo como función policial, sino como una responsabilidad del Estado en su conjunto.
Asimismo, se otorga mayor autonomía operativa al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se le faculta para modernizar sus procesos, responder a contextos locales específicos y desarrollar centros especializados para enfrentar problemáticas concretas.
Finalmente, el dictamen incluye una adenda con compromisos específicos para la implementación de los nuevos lineamientos. Esta busca garantizar la corresponsabilidad entre ciudadanía y autoridades en la consolidación del nuevo sistema.
Durante la discusión en el Pleno, se presentaron dos mociones suspensivas —por parte de los diputados Gibrán Ramírez Reyes (MC) y Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI)— con el argumento de irregularidades en el procedimiento legislativo. Ambas mociones fueron desechadas por mayoría en votación económica.
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