La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó este martes que desde el inicio del segundo mandato de Donald en la presidencia de Estados Unidos, el país ha recibido más de 65 mil personas deportadas en el marco de las políticas migratorias estadounidenses.
La mandataria mexicana detalló que, de las 65.475 personas deportadas, 59 mil 747 son mexicanas y 5 mil 728 extranjeras.
Este flujo de retornados se produce en un contexto de endurecimiento de las medidas migratorias por parte de la administración Trump, que ha reactivado la deportación de migrantes a terceros países tras una reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Sheinbaum subrayó que la política de su administración consiste en recibir a todas las personas deportadas, tanto nacionales como extranjeras, y ofrecerles alternativas según sus deseos y necesidades.
“Se les recibe, se ve si quieren irse a su país de origen. Si es así, se les traslada, y si no, se busca la manera de incorporarlos”, explicó la presidenta.
México acepta a migrantes deportados por razones humanitarias
Aseguró que el gobierno mexicano mantiene una postura humanitaria, sin embargo, rechazó que México asuma el papel de “tercer país seguro” en el marco de los acuerdos migratorios impulsados por Estados Unidos.
“Recibiremos a toda aquel que sea trasladado a México por razones humanitarias y lo llevaremos a su país si es el deseo de esta persona”, afirmó la presidenta.
La mandataria aclaró que para que México sea considerado formalmente como “tercer país seguro” se requiere un acuerdo bilateral con Estados Unidos, similar a los que Washington ha firmado con otros países de la región. “México no ha firmado nada de eso”, puntualizó Sheinbaum, descartando cualquier compromiso formal en ese sentido.
Qué esta sucediendo con las políticas migratorias de EEUU
El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses bajo la administración Trump ha tenido un impacto directo en la frontera sur de México, donde las autoridades han debido reforzar los controles y aumentar la capacidad de atención a los deportados.
Las organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre los riesgos que enfrentan los migrantes, especialmente los extranjeros, que pueden quedar en situación de vulnerabilidad si no logran regresar a sus países de origen o integrarse en México.
El gobierno mexicano ha reiterado su compromiso de atender a todos los deportados “por razones humanitarias”, pero la magnitud del reto plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta política a largo plazo.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de permitir la reanudación de las deportaciones a terceros países ha añadido presión sobre el gobierno mexicano, que debe equilibrar la cooperación con Washington con la defensa de los derechos de los migrantes y la protección de los intereses nacionales.
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