
Tras la muerte de ocho militares por la explosión de una mina artesanal en el municipio de Los Reyes, Michoacán, el juez Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado, expresó su preocupación por la creciente amenaza que representan los artefactos explosivos empleados por el crimen organizado.
En su opinión, el Estado mexicano se encuentra rebasado por estos actos delictivos, que han comenzado a cobrar vidas tanto de civiles como de elementos de las fuerzas armadas.
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“Estado mexicano se está viendo superado por actos delictivos, específicamente en el detonamiento de artefactos explosivos que clandestinamente se están implantado en diversas localidades del estado de Michoacán, ahora en la localidad de Los Reyes, lugar donde este órgano jurisdiccional no ordenó que se desplegaran acciones relativas a la medida cautelar, sin embargo, fue donde suscitaron los hechos donde lamentablemente perdieron la vida elementos castrenses, en desempeño de sus funciones”, aseveró el juez de distrito.

El pronunciamiento del juez se dio en el marco del seguimiento a una suspensión definitiva que ordena a los gobiernos federal y estatal desplegar acciones para detectar y desactivar minas terrestres en la región de Tierra Caliente. Según el juzgador, el Estado está obligado a utilizar todos los recursos disponibles para proteger los derechos humanos de la población afectada.
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“En ese sentido y de manera muy atenta, con absoluto respeto a la dignidad y derechos humanos, les expresamos, nuestras más sentidas condolencias ante el lamentable e indignante fallecimiento de dichos elementos castrenses con motivo del servicio que prestan al pueblo de México, reconociendo la labor que desempeñan en los lugares donde la gente está sufriendo y necesita de ellos a fin de hacer frente a los actos delictivos que ocurren en el Estado de Michoacán”
¿Qué soluciones propone el Gobierno de Michoacán?
En su resolución, Santamaría Chamú subrayó que los recientes atentados con explosivos, como el ocurrido en Los Reyes, demuestran la urgencia de una intervención más contundente. Afirmó que las autoridades no pueden mantenerse indiferentes ante la gravedad de los hechos y exigió una respuesta institucional proporcional a la amenaza.
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Ante el incumplimiento de la orden judicial previa, el juez otorgó un plazo de tres días a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para presentar un plan formal de desminado. Esta medida responde a una demanda de amparo promovida por habitantes de las localidades Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista Tomatlán, quienes denunciaron la omisión de las autoridades ante la colocación de minas terrestres.
Finalmente, se informó que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó la localización y destrucción de 28 artefactos explosivos improvisados entre el 19 y el 23 de mayo en diversas zonas de Tierra Caliente.
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