
El Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua resolvió negar de manera definitiva el amparo que impedía a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) demoler las presas construidas en el rancho “El Saucito”, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, con las que se desviaba agua de manera ilegal.
Esta decisión permite a la Conagua continuar con las sanciones en el sitio, garantizando el derecho humano al agua y restableciendo el cauce natural de los recursos hídricos.
Según informó la Conagua, el pasado 6 de junio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito revocó una suspensión provisional emitida previamente por el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua.
Esta suspensión había impedido a la dependencia federal proceder con la demolición de las presas y represas construidas sin autorización en el rancho de Duarte.

El Tribunal consideró que los argumentos de la Conagua eran válidos, destacando que los responsables no contaban con un título de concesión para el uso de aguas nacionales y que el municipio carecía de facultades para otorgar permisos de este tipo.
El organismo federal explicó que las presas y represas en cuestión alteraban el cauce del arroyo El Saucito, que conduce aguas superficiales hacia el río Agujas, el río Conchos y, finalmente, el río Bravo. La alteración de este flujo natural afectaba el interés social y el orden público, según determinó el Tribunal, al obstaculizar la gestión adecuada de un recurso nacional esencial como el agua.
En un comunicado, la Conagua subrayó que la demolición de estas estructuras permitirá que el agua retome su cauce natural, lo que representa un beneficio colectivo y una acción en favor del derecho humano al agua. Además, la dependencia destacó que estas medidas son parte de un esfuerzo por corregir irregularidades cometidas durante el periodo en que Duarte ocupó el cargo de gobernador de Chihuahua.
El titular de la Conagua, Efraín Morales, denunció recientemente que el exgobernador había construido una presa y cinco represas en su rancho, con las que acaparó agua de manera ilegal. Durante una conferencia de prensa, Morales señaló que estas acciones fueron posibles gracias al abuso del poder político y económico, característico de lo que describió como el periodo neoliberal.

“Se trata de unas de estas muchas acciones que se cometieron durante ese periodo, en donde bajo el amparo del poder político y económico se obtenían beneficios de manera personal”, afirmó Morales.
Tras estas denuncias públicas, la Conagua presentó pruebas y denuncias formales para sustentar su intención de demoler las estructuras y restaurar el flujo natural del agua. Según el organismo, estas acciones no solo buscan corregir las irregularidades cometidas, sino también garantizar el acceso equitativo al agua para la población.
La Conagua reiteró su compromiso de continuar con las medidas necesarias para garantizar el acceso al agua como un derecho humano fundamental. La demolición de las presas y represas en el rancho de Duarte es un paso significativo en este esfuerzo, al tiempo que envía un mensaje claro sobre la importancia de respetar las leyes y proteger los recursos naturales del país.
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