
Como parte de labores preventivas de seguridad, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Uruapan, Michoacán, realizaron un importante decomiso de droga y dinero en efectivo.
El aseguramiento incluyó aproximadamente 97 kilogramos de una sustancia con características similares al cristal, así como 41 mil dólares estadounidenses y una cantidad menor en moneda nacional. El valor estimado de la droga incautada supera los 30 millones de pesos.
De acuerdo con el informe oficial, la operación se desarrolló cuando agentes detectaron a un conductor que mostró una actitud evasiva al notar la presencia policial. Tras una breve persecución, el individuo fue interceptado y sometido a una revisión.
Durante la inspección del vehículo, que tenía como ruta Apatzingán–Guadalajara, se localizaron varios paquetes con sustancia granulosa, además del dinero en efectivo.

El detenido, aún sin identificar, junto con el vehículo, el efectivo y los paquetes asegurados, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles vínculos con grupos delictivos.
Este decomiso representa uno de los aseguramientos más significativos en la región en lo que va del año, tanto por el volumen de droga incautada como por el monto de dinero relacionado, lo que sugiere la posible operación de redes de narcotráfico a gran escala en la zona.
El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, reconoció la labor de los elementos de seguridad involucrados en el operativo. Destacó su actuación con valor, transparencia y compromiso institucional, subrayando que este tipo de acciones son fundamentales para contener la violencia relacionada con el crimen organizado.

“El consumo y tráfico de drogas no sólo genera violencia en nuestra ciudad, sino que también tiene implicaciones internacionales, incluyendo miles de muertes por sobredosis en países como Estados Unidos”, señaló el alcalde.
Narcominas en Michoacán; guerras de plaza y operativos militares
Un ataque con narcominas perpetrado en el municipio de Los Reyes, Michoacán, marcó esta semana un nuevo punto crítico en la violencia del crimen organizado en México.
Seis militares murieron y dos más resultaron gravemente heridos tras la explosión de un artefacto casero al paso de un convoy del Ejército. La agresión, presuntamente atribuida a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivó en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual logró la detención de 17 presuntos sicarios; entre ellos, 12 de nacionalidad colombiana.
El artefacto explosivo destruyó un vehículo táctico blindado y provocó la muerte inmediata de seis elementos del Ejército Mexicano. Las víctimas pertenecían a unidades de élite: la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI), especializada en operaciones de alto riesgo, y el Grupo de Respuesta a Emergencias (GRE), encargado de tareas tácticas en entornos hostiles y manejo de explosivos.

En medio de la serie de detenciones e investigaciones en curso, la respuesta que más ha llamado la atención es la de presuntos integrantes del CJNG. En el mensaje, estos presuntos criminales reprochan que las autoridades de justicia y las investigaciones por la muerte de los seis elementos de seguridad “se les atribuya”, ya que, según dicen, esto actos solo podría pertenecer a una facción que opera en esos territorios: la célula criminal de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo Farías”, y de líderes de Cárteles Unidos.
A pesar de que estos dichos podrían coincidir con la información preliminar de las fuerzas federales, hasta el momento, ninguna autoridad o instancia de justicia de Michoacán o el propio Gobierno de México ha respondido a las declaraciones de estos sujetos.
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