
Las próximas elecciones para elegir autoridades en el Poder Judicial mexicano, programadas para el 1 de junio de 2025, han colocado a la ciudadanía frente a un dilema ético trascendental: participar informada y críticamente en un proceso cuestionado, o abstenerse como una forma de protesta para denunciar la falta de legitimidad. Ambas posturas tienen fundamentos sólidos, pero revelan un escenario preocupante para la democracia del país.
Quienes defienden la abstención argumentan que el proceso electoral carece de las condiciones básicas de transparencia y equidad. Desde esta perspectiva, participar significaría validar un ejercicio ya comprometido por irregularidades potenciales, tales como la manipulación de votos, la desinformación y el uso indebido de materiales como los llamados “acordeones electorales”. En respuesta, algunos grupos ciudadanos han lanzado iniciativas como observaciones electorales independientes para documentar posibles anomalías y realizar movilizaciones para presionar por reformas más profundas.
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Por otro lado, quienes abogan por la participación informada subrayan que la mejor manera de proteger la independencia judicial es mediante una presencia activa en las urnas y haciendo una selección minuciosa de los perfiles. Señalan que, pese a las evidentes deficiencias del proceso, el voto crítico y vigilante es indispensable para limitar la influencia indebida de poderes externos sobre los tribunales y para garantizar que al menos algunas posiciones las ganen los mejores perfiles con el respaldo ciudadano. Este enfoque promueve que la ciudadanía se involucre profundamente en conocer a los candidatos, exigir transparencia informativa y participar activamente en la vigilancia del conteo y traslado de votos, entre otros.
Este debate entre la participación y la abstinencia refleja una profunda crisis democrática. Si la ciudadanía decide abstenerse de forma masiva, podría reforzar la percepción de que las elecciones no son un mecanismo confiable para el cambio institucional. Sin embargo, si la participación no se acompaña de garantías claras y resultados verificables, se podría erosionar aún más la confianza en las instituciones democráticas.
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En última instancia, ninguna opción es fácil. Abstenerse podría significar entregar completamente la elección a quienes desean influir políticamente en el Poder Judicial, mientras que votar sin garantías de transparencia podría legitimar un proceso ya de por sí carente de certidumbre.
El escenario es alarmante ya que ambas opciones ponen en evidencia una democracia vulnerable y una ciudadanía atrapada entre dos opciones difíciles. Lo esencial será que, más allá de esta coyuntura, México impulse reformas profundas y mecanismos que blinden y fortalezcan el sistema electoral, y que más allá de garantizar elecciones verdaderamente justas y transparentes, sean capaces de restaurar la confianza ciudadana en sus instituciones.
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El dilema de estas elecciones judiciales es, por tanto, un dilema ético pues cualquiera de las posturas que adapte la ciudadanía traerá consecuencias. Es además un reflejo de las tensiones que enfrenta hoy la democracia mexicana. En este proceso electoral como en ningún otro, la decisión de cada persona ya sea abstenerse o participar críticamente, deberá estar fundamentada en una reflexión personal y profunda sobre cómo proteger y fortalecer nuestro sistema democrático nacional.
* Xóchitl Pimienta Franco, directora regional del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey
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**Las expresiones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente coinciden con la línea editorial de Infobae, respetando la libertad de expresión de expertos académicos en el panorama electoral nacional.
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