Elección judicial ¿Reforma o captura del poder?

Estamos a una semana de una elección inédita: la de Jueces, Magistrados y Ministros por voto popular. Y aunque la historia se está escribiendo con tinta democrática, conviene detenernos a leer entre líneas. ¿Es esta elección un paso hacia una justicia más cercana al pueblo o el último movimiento de una estrategia para someter al Poder Judicial al pulso del poder político?

Desde el discurso oficial, la narrativa suena potente: “el pueblo elige a quienes lo juzgan”.

Se enmarca en la lógica de la Cuarta Transformación, donde las instituciones deben reflejar la voluntad de las mayorías. El mensaje es claro y eficaz. Pero detrás de esa consigna se asoma una pregunta incómoda: ¿puede la justicia conservar su esencia si se convierte en botín electoral?

La independencia judicial no es un lujo para expertos ni una fantasía liberal: es el resguardo último de nuestras libertades. Jueces que deben hacer campaña, que dependen de votos y que responden a partidos o plataformas, inevitablemente condicionan su criterio. No lo digo como una posibilidad lejana: lo hemos visto. En Polonia y Hungría, donde tribunales enteros fueron capturados. En Israel, donde la reforma judicial dividió al país y debilitó su tejido institucional justo antes de una tragedia nacional. Incluso en Estados Unidos, la Corte Suprema enfrenta una crisis de legitimidad derivada de su creciente percepción como actor político.

Ahora bien, tampoco se trata de desacreditar la participación ciudadana, que es, y debe seguir siendo, la piedra angular de cualquier democracia auténtica. Votar, en su sentido más profundo, es ejercer soberanía, pronunciarse, hacerse presente en las decisiones colectivas. Pero también es un acto que exige lucidez. Participar no implica abdicar del juicio crítico; al contrario: obliga a preguntarse por el diseño, las reglas del juego y las consecuencias del voto. ¿Quién financiará las campañas de los jueces? ¿Qué garantías existen para evitar que estas elecciones se conviertan en una disputa entre partidos y no entre perfiles? ¿Qué lugar ocuparán el conocimiento jurídico, la trayectoria y la imparcialidad en un proceso regido por la lógica de las urnas?

El dilema no es binario. No se trata de elegir entre votar o no votar. Se trata de entender, con claridad política, qué es lo que estamos decidiendo. Y en ese sentido, sí: hay que ir.

Hay que ejercer el voto, porque incluso en medio de un diseño cuestionable, participar es una manera de estar presentes, de observar, de exigir, de hacer valer una mirada crítica frente a una estructura que aún puede moldearse. Votar, en este caso, puede ser también una forma de resistencia simbólica, una vía para enviar un mensaje claro: que el pueblo quiere jueces independientes, no operadores políticos disfrazados de magistrados.

Participar también significa colocar en el centro del debate las condiciones que exigimos para cualquier transformación institucional seria: transparencia en los procesos, criterios de idoneidad profesional, mecanismos reales de evaluación, y garantías para que las decisiones judiciales sigan rigiéndose por el derecho y no por las encuestas. Votar con estas ideas en mente es una forma de decir: estamos atentos, vigilantes, y no dispuestos a entregar un poder más sin condiciones claras.

Esta elección, tal como ha sido planteada, no enfrenta los grandes desafíos del sistema de justicia: no abre más tribunales, no abate el rezago judicial, no fortalece la independencia presupuestal ni depura los mecanismos internos de control. No transforma el fondo: sustituye la técnica por la popularidad, el mérito por la conveniencia coyuntural. Y lo hace, además, en un momento en que el poder político tiene poco espacio para el disenso y mucha prisa por consolidarse.

Y el momento importa. Porque esta elección ocurre cuando el oficialismo controla tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Debilitar al Poder Judicial en este contexto no es casualidad: es estrategia. Es cerrar el círculo. Es construir un régimen sin contrapesos reales.

Por eso, la verdadera pregunta no es si vamos a votar el próximo domingo. La pregunta es: ¿qué tipo de justicia queremos? ¿Una justicia sometida a la voluntad de las mayorías, o una justicia que tenga la fuerza de decir “no” cuando sea necesario, incluso a los poderosos, incluso al propio pueblo?

La reforma judicial es mucho más que una propuesta legal. Es un parteaguas. Lo que decidamos ahora moldeará la forma del poder en México por muchos años. Y frente a eso, no cabe la indiferencia.

* Gildardo López Hernández Profesor de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.

**Las expresiones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente coinciden con la línea editorial de Infobae, respetando la libertad de expresión de expertos académicos en el panorama electoral nacional.