La elección judicial del 1 de junio en México enfrenta graves problemas de diseño y organización que comprometen su equidad. Así lo advierte el Observatorio Electoral Judicial en un informe basado en un análisis probabilístico de las condiciones de competencia entre las 3 mil 202 personas candidatas a cargos de jueces y magistraturas del Poder Judicial.
La reforma constitucional que dio origen a este proceso fue aprobada en septiembre de 2024, dejando menos de ocho meses para organizar la elección, cuando lo recomendable era iniciar, al menos, diez meses antes. A esto se suma un presupuesto 52% menor al necesario, lo que redujo drásticamente el personal operativo y el número de casillas. Estas condiciones afectaron desde el reclutamiento hasta la logística básica del proceso.
Resultados, ¿definidos desde el diseño de boletas?
El análisis del Observatorio, basado en modelos bayesianos (utilizan el teorema de Bayes y permiten calcular la probabilidad posterior de una hipótesis, dado un evento observado y un conocimiento previo) con miles de simulaciones, reveló que 201 personas candidatas no tienen posibilidad real de ganar, y otras 103 tienen menos de 2% de probabilidad de hacerlo. Por el contrario, 133 aspirantes tienen probabilidades cercanas al 100% de obtener un cargo. Esta desigualdad no se explica por méritos ni campañas, sino por el diseño de las boletas, la distribución de vacantes y la aplicación rígida de criterios de paridad de género.
Voto informado, “imposible en la práctica”
Las boletas incluyen listas extensas y complejas. Una persona votante promedio enfrentará entre 152 y 221 nombres y deberá elegir entre 23 y 37 cargos judiciales federales. Votar con información completa implicaría revisar hasta 18 horas de perfiles. Esto vuelve imposible ejercer un voto informado en la práctica. Además, las reglas para el cómputo de votos son poco claras y no habrá representación directa de las candidaturas para vigilar su cumplimiento.
La distribución de candidaturas también muestra desigualdades. Mientras que en Ciudad de México hay 4.6 aspirantes por vacante, en Campeche apenas 2.2. Algunas especialidades están saturadas y otras tienen escasa competencia. Aunque 58% de las candidaturas son de hombres, se estima que 56% de las plazas las ocuparán mujeres, producto de ajustes por paridad. Esto hace que muchos hombres tengan escasas posibilidades de ganar, incluso si obtienen más votos que sus contrincantes, de acuerdo con el estudio.
Se identificaron múltiples boletas en las que una sola persona candidata compite por una vacante, garantizando su elección sin competencia real. En otros casos, hay boletas incompletas o vacantes que no aparecen. También se observó que el diseño favorece a candidatas únicas en listas donde los votos se dividen entre varios hombres, aumentando la probabilidad de triunfo por factores estructurales.
Inequidad, en la mayoría de los distritos electorales
De las 120 boletas del proceso, 93 presentan problemas graves de equidad. De los 60 distritos electorales judiciales, 57 tienen al menos una boleta con alguna anomalía, señala el estudio. Estas fallas tienen su origen en la reforma constitucional y en el sorteo legislativo que definió los cargos sin criterios técnicos sobre distribución geográfica, especialidades o carga de trabajo judicial.
Advierten gran cantidad de impugnaciones
El informe concluye que este proceso electoral, el primero de su tipo en México, se desarrolla en condiciones inequitativas que ponen en duda su legitimidad. Las autoridades electorales han tenido que improvisar para llenar vacíos normativos que dejó el Congreso. Sin embargo, el diseño actual compromete la equidad y la certeza del proceso, lo que podría derivar en una alta cantidad de impugnaciones.
El Observatorio hace un llamado a reformar de fondo este modelo antes del próximo proceso electoral judicial de 2026-2027. Propone reglas claras, boletas funcionales, criterios de selección adecuados y una distribución racional de vacantes. De lo contrario, persistirá un modelo que impide la competencia real y deteriora la confianza en las instituciones electorales y judiciales del país.
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