
La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, reveló recientemente que va en aumento el número de empresas transnacionales involucradas en esquemas de evasión fiscal relacionados con la importación ilegal de combustibles, mejor conocido como “huachicol fiscal”.
Estas prácticas ilícitas, asegura, causan pérdidas millonarias al erario mexicano y representan un problema estructural de corrupción y evasión de impuestos por varios años.
Durante conferencia de prensa, Buenrostro explicó que se trata de un mecanismo mediante el cual, las empresas (incluidas firmas extranjeras) importan hidrocarburos disfrazados de otros materiales de exportación como aceites o lubricantes para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), además del IVA y el Impuesto sobre la Renta.
“Estamos hablando de un esquema bien diseñado, sofisticado, en el que participan desde agentes aduanales hasta altos mandos dentro de ciertas compañías. Se está utilizando la figura del contrabando técnico para ingresar combustible como si fuera otro producto y evitar el pago de impuestos”, denunció la funcionaria federal.

El llamado “huachicol fiscal” fue detectado principalmente en la frontera con Texas, Estados Unidos, y se ha vuelto un fenómeno recurrente en los últimos años. De acuerdo con datos presentados por la propia Buenrostro, sólo en el primer trimestre de 2021 se registraron pérdidas por más de 23 mil millones de pesos en recaudación del IEPS, lo cual representa un boquete considerable en las finanzas públicas.
“Las afectaciones no sólo son económicas. Estamos hablando también de competencia desleal para Pemex y otros importadores legales de combustibles. Además, al ser combustible no regulado, también representa riesgos para la seguridad y el medio ambiente”, advirtió.
Empresas bajo vigilancia y acciones para disminuir el huachicol
Entre las empresas señaladas se encuentra Vitol, multinacional de energía que ya ha sido investigada por actos de corrupción y sobornos en México y otros países. La Secretaría de Economía, junto con el SAT y la Fiscalía General de la República (FGR), mantiene abiertas varias carpetas de investigación en torno a irregularidades detectadas en la importación de productos petrolíferos refinados, como gasolina y diésel.
“Vitol es solo un caso representativo. Hay otras compañías que están siendo investigadas. La intención no es ir contra la inversión extranjera, sino exigir que cumplan con la ley como cualquier empresa nacional”, aclaró Buenrostro.

La funcionaria adelantó que el gobierno federal trabaja en nuevas medidas regulatorias para cerrar los espacios a este tipo de prácticas. Entre ellas, se considera reformar la Ley de Hidrocarburos para aumentar los controles en los permisos de importación, así como reforzar el uso del complemento Carta Porte en los comprobantes fiscales digitales, con el fin de dar trazabilidad al transporte de mercancías sensibles.
“Este tipo de acciones son parte del esfuerzo por garantizar una competencia leal y proteger las finanzas públicas. No vamos a permitir que el Estado siga siendo vulnerado por esquemas de evasión tan descarados”, concluyó la funcionaria.
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