
César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, afirmó ante el juez federal Ricardo Alfonso Santos Dorantes que la Embajada de Estados Unidos respondió a un requerimiento oficial del Gobierno mexicano sobre los hechos del operativo en El Pinal, pero que esa respuesta fue clasificada como información confidencial.
La declaración se dio durante la audiencia de vinculación a proceso por el delito de traición a la patria, que se reanudó la tarde del sábado 24 de octubre y se extendió por casi nueve horas, hasta la madrugada del domingo 25, en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
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El operativo de El Pinal, realizado contra un narcolaboratorio en la comunidad del mismo nombre, municipio de Morelos, terminó con un saldo de cuatro muertos durante el regreso del despliegue, luego de que una camioneta del convoy cayera por un barranco. En el hecho fallecieron dos agentes mexicanos y dos ciudadanos estadounidenses, presuntamente adscritos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su siglas en inglés).
El testimonio de Jáuregui fue difundido a través de la página de Facebook “César Jáuregui Moreno”, un espacio de apoyo al exfuncionario, que publicó el audio sin cortes de lo que dijo ante el juez de control federal.
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Jáuregui aseguró que el documento contenía datos que al Gobierno no le interesaba revelar
Antes de que el juez determinara su vinculación a proceso por traición a la patria, Jáuregui sostuvo que no existía certeza jurídica documentada de que las dos personas extranjeras fallecidas durante el operativo fueran agentes de la CIA. “No se tiene certeza jurídica de que estas personas hayan sido agentes de la CIA. Hablo de un documento que lo pruebe”, declaró ante el juez.
Pese a esa falta de certeza, el exfuncionario precisó que sí existía una contestación oficial de la Embajada de Estados Unidos al Gobierno de México frente a un requerimiento de información sobre los acontecimientos de El Pinal.
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“No vamos a poder conocer qué contestó el Gobierno norteamericano porque fue clasificada y reservada como información confidencial”, afirmó.

Jáuregui planteó que en ese documento reservado “muy probablemente se contengan elementos y datos que prueben algo que al Gobierno no le interesa que se pruebe”.
Argumentó, además, que 46 funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua rindieron testimonio en dos momentos distintos, sin que ninguno mencionara su nombre o su conocimiento sobre la presencia de agentes extranjeros en el operativo. “Muy raro que en cuarenta y seis funcionarios no exista una sola referencia”, sostuvo.
El exfiscal citó también que el Ministerio Público reconoció, al cerrar su intervención, no contar con “ningún elemento contundente” que estableciera su responsabilidad directa en el delito de traición a la patria.
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Un representante de la FGR interrumpió a Jáuregui durante su intervención
Durante su intervención ante el juez, un representante del Ministerio Público de la FGR interrumpió a Jáuregui para señalar que, “a consideración de esta institución”, lo que parecía ser una intervención con manifestaciones libres pudiera tener “los tintes aparentemente de una declaración”.
El juez Santos Dorantes respondió que, antes de cerrar el debate, el imputado podía expresarse con libertad, y permitió que Jáuregui continuara.
El juez Santos Dorantes le señaló al Ministerio Público que no volviera a intervenir de esa manera. “Quien conduce esta audiencia soy yo”, señaló, antes de ceder nuevamente la palabra a Jáuregui para que concluyera su exposición.
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El exfiscal arremetió contra la FGR y comparó el caso con regímenes autoritarios
En su intervención, Jáuregui sostuvo que la Fiscalía General de la República engarzó el caudal probatorio con su persona a partir de cuatro elementos: una declaración a medios horas después del operativo, una solicitud de intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional en una de las mesas de construcción de la paz previas al operativo, un video de una reunión con el encargado de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) -Pedro Oseguera- y el de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas -Guillermo Zuany-, y la llamada cadena de mando.
Afirmó que ninguno de esos elementos probaba su conocimiento o autorización de la intervención de extranjeros.
Sobre la solicitud a la Defensa, argumentó que si hubiera querido ocultar algo no habría pedido la presencia de una autoridad federal con 50 elementos capaz de verificar cualquier irregularidad. Sobre el video, dijo que explicó el contenido de esa conversación en su testimonio ante la FGR.
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El exfuncionario comparó la acusación en su contra con el uso político de delitos en la China maoísta, Cuba, Venezuela, Nicaragua, el régimen de Augusto Pinochet en Chile y el macartismo en Estados Unidos.
Jáuregui también se refirió a la suerte de los operadores que participaron en el desmantelamiento del narcolaboratorio, donde se localizaron dos toneladas de metanfetaminas.
“Yo le doy gracias a Dios a veces. No me explico qué hubiera pasado si Oseguera y sus acompañantes hubieran terminado vivos después del accidente”, dijo.

Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, murió junto con su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes, y dos ciudadanos estadounidenses, cuando una camioneta del convoy cayó por un barranco al regreso del operativo.
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Jáuregui fue vinculado a proceso por traición a la patria, con dos meses para la investigación complementaria
En un comunicado emitido tras la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República informó que, con los datos de prueba presentados, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso contra César Jáuregui, por su posible participación en el delito de traición a la patria en detrimento de la seguridad nacional, y ratificó la prisión preventiva en su contra.
El representante de la FGR argumentó ante el juez que se trató de un delito de peligro, es decir, un ilícito en el que la ley castiga la conducta por poner en riesgo un bien jurídico protegido, en este caso la seguridad nacional y la soberanía del país.
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El Ministerio Público consideró que la falta de patriotismo del imputado incidió en que permitiera la intervención de personas extranjeras armadas, sin autorización ni atribuciones, en acciones que correspondían únicamente a la Federación.

La FGR señaló que Jáuregui declaró a medios que el operativo fue resultado de meses de planeación entre la AEI y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas, ambas áreas bajo su mando, lo que demostró, según la Fiscalía, que tenía la obligación de informar a la Federación y no lo hizo.
Jáuregui fue asegurado el fin de semana del 17 de octubre, después de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión posterior a la ejecución de un mandamiento judicial en el fuero común.
Fue vinculado a proceso por traición a la patria, con dos meses para la investigación complementaria, según fijó el juez. La titular de la FGR, Ernestina Godoy, había señalado previamente que Jáuregui “habría ocultado información” a la Federación pese a saber que se trataba de delitos que le competen.
El caso derivó además en un conflicto político con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien responsabilizó a su exfiscal por los hechos durante una reunión con Godoy.
El exfuncionario permanecerá bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano, mientras continúa el proceso en su contra tanto en el fuero federal como en el fuero común en Chihuahua.
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