La presidenta Claudia Sheinbaum recibió un portazo diplomático por parte de Estados Unidos tras solicitar, durante su conferencia matutina, información oficial sobre la revocación de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres. La respuesta de la embajada estadounidense fue directa: la información es confidencial y no será compartida.
Más allá de la anécdota diplomática, el caso revela una trama de omisiones, silencios cómplices y protección política que se arrastra desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente personal de este martes, titulada El costo de la impunidad. En ella, el periodista señala que la decisión de Washington no fue producto del capricho ni del protocolo rutinario, sino resultado de una investigación federal conducida por autoridades estadounidenses, que desembocó en la intervención de agentes de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) en una de las garitas Tijuana-San Diego, como reveló Adela Navarro, directora del semanario Zeta.
Las causas de fondo no han sido divulgadas oficialmente, pero múltiples indicios apuntan a una intensificación de la violencia y una presunta red de vínculos entre funcionarios estatales y grupos del narcotráfico. Según el periodista, Desde la llegada de Ávila al gobierno de Baja California en 2021, la violencia en la entidad se disparó, y los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se han disputado el control territorial.
En agosto de 2022, el exgobernador Jaime Bonilla denunció desde el Senado que los ataques del crimen organizado eran una represalia directa contra Ávila y su fiscal Ricardo Iván Carpio. Mostró incluso una manta colgada en las calles de Tijuana que acusaba a la gobernadora de violar acuerdos con grupos criminales. Bonilla solicitó la intervención de López Obrador y una audiencia con el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Nada ocurrió.
Lo que sí ocurrió fue un blindaje político. Al día siguiente del discurso de Bonilla, 21 gobernadores de Morena —incluida Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México— firmaron una carta pública de respaldo total a Ávila. El fiscal Gertz tampoco actuó, pese a contar con información del gabinete de seguridad sobre agentes estatales coludidos con Edwin “El Flaquito” Huerta Nuño, operador del Cártel de Tijuana, y su conexión con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La omisión no fue casual. López Obrador optó por ignorar los señalamientos, permitiendo que se consolidara una red de impunidad. Según el informe citado en la columna, esa red incluyó el robo de 145 kilos de cocaína a un grupo rival, pagos de 300 mil dólares para facilitar fugas y un ambiente de connivencia que detonó la crisis de seguridad en Baja California.
Ahora, la herencia le estalla a Sheinbaum. La revocación de visas no es un fin, sino una advertencia. Estados Unidos ha perdido la confianza en las instituciones mexicanas y ha comenzado a operar de forma autónoma. Si la presidenta no toma distancia del legado de omisiones de su antecesor, será arrastrada por las consecuencias de una impunidad que, según Riva Palacio, ha dejado de ser sostenible.
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