La audiencia de Rafael Caro Quintero deberá presentarse a una audiencia en Estados Unidos antes de lo previsto, según determinó el juez Frederic Block. Lo anterior fue informado por el periodista Arturo Ángel.
Si bien el pasado 26 de marzo se fijó un plazo de 90 días para conocer si el llamado Narco de Narcos se enfrentaría o no a pena de muerte, el 7 de abril fue reportado un cambio en las fechas. Ahora Caro Quintero deberá acudir a su audiencia el 18 de abril.
La razón del adelanto de la fecha es que sea revisado un posible conflicto de interés en el equipo legal que representa al mexicano. Cabe recordar que a Caro Quintero se le señala como presunto responsable de la muerte de Enrique Kiki Camarena, un elemento de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Ahora, la siguiente audiencia está pactada para las 11:30 de la mañana. No hay detalles sobre cuál podría ser el presunto conflicto de interés en el caso.
Rafael Caro Quintero fue uno de los 29 hombres entregados a EEUU el pasado 27 de febrero. Según las autoridades mexicanas, lo anterior fue por una situación de seguridad nacional.
En la audiencia del 26 de marzo, además de Caro Quintero estuvo presente Ismael Quintero Arellanes, quien es sobrino del exlíder criminal, alias Mayel y/o Fierro. Dicho hombres es identificado como el responsable de brindar protección al Narco de Narcos.
Dicho hombre fue detenido a finales de enero de 2020 en Culiacán, Sinaloa. Ya para el 2021 las autoridades mexicanas autorizaron la entrega en extradición del hombre. Sin embargo, Mayel promovió un amparo, con lo que retrasó su entrega, que fue finalmente rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de 2022.
Medidas especiales para Rafael Caro Quintero
El mes de marzo fue informado que Caro Quintero es objeto de medidas especiales. Lo anterior debido al “riesgo sustancial” que representa el hombre de 72 años a quien acusan de ser capaz de herir a otras personas internadas.
"El 17 de marzo de 2025, el Fiscal General autorizó la imposición de Medidas Administrativas Especiales (SAM) para regir las condiciones de reclusión del acusado. El gobierno ha proporcionado al abogado defensor una copia de las SAMs”, puede leerse en el documento.
Lo anterior implica la limitación de privilegios tales como visitas familiares, uso del teléfono, entre otras.
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