A raíz de las investigaciones que se han realizado en el Rancho Izaguirre —un predio usado como crematorio clandestino por una organización criminal—, autoridades de Jalisco descubrieron una nueva modalidad para desaparecer restos humanos.
El predio referido se ubica cerca de la comunidad La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán. Desde el año pasado, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco había indicado que el rancho era usado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de adiestramiento y exterminio.
El pasado 5 de marzo, integrantes de dicho colectivo acudieron al Rancho Izaguirre en compañía de la Guardia Nacional (GN). Esto debido a que recibieron una llamada anónima que alertaba sobre la presencia de presuntos restos humanos.
Lo que se encontró en aquella ocasión puso en evidencia los actos ilícitos que se realizaban en el predio. Hasta el momento, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas ha localizado los siguientes indicios:
- 5 lotes de restos óseos fragmentados
- 400 prendas de vestir, incluyendo calzado y mochilas
- 96 casquillos de distintos calibres
- 3 cargadores
- 3 libros
- 1 libreta
- 1 identificación personal
Con base en ese hallazgo, las autoridades jaliscienses detectaron un método empleado por el CJNG para desaparecer los restos humanos que eran calcinados, el cual consistía en ocultarlos bajo bloques de ladrillo.
“Al procesar estos nuevos indicios, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas detectó una modalidad que no había sido utilizada por el grupo criminal: además de calcinar los restos, éstos fueron ocultados bajo una losa de ladrillo y una capa de tierra”, indicó la Fiscalía estatal.
Supuestamente, lo anterior impidió que las autoridades detectaran los restos óseos en la inspección inicial. Y es que en septiembre de 2024, el Rancho Izaguirre ya había sido intervenido.
En esa ocasión se detuvieron a 10 personas y se liberaron a dos más. Además, se localizó a un civil sin vida y se registró un enfrentamiento entre autoridades y sujetos armados, tras el cual varios de los agresores huyeron.
Ante lo sucedido, el predio permaneció asegurado por la Fiscalía estatal. Sin embargo, cuando integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acudieron el pasado 5 de marzo, señalaron que los sellos de aseguramiento estaban rotos.
Por ello, la Fiscalía jalisciense informó que se revisará con qué exhaustividad fue intervenido el predio, " a fin de determinar si se dejó de aplicar algún procedimiento en campo por parte del personal entonces asignado durante la pasada Administración“.
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