Autoridades de Quintana Roo rescataron a 13 mujeres (algunas de ellas extranjeras) tras cumplimentar una orden de cateo en un bar ubicado en el municipio de Cozumel.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), las mujeres eran presuntas víctimas de explotación sexual, en su modalidad de “prostitución ajena”.
Entre las mujeres que fueron “rescatadas” se encuentran ocho de México, dos de Colombia, una de El Salvador, una de Belice y una de Brasil. Aunque sus identidades se mantuvieron bajo reserva, se confirmó que todas ellas son mayores de edad.
El bar fue cateado debido a que las autoridades estatales tenía conocimiento de la supuesta presencia de menores de edad en el negocio. En estas diligencias participaron elementos de la Policía de Investigación.
Tras el operativo, la 13 mujeres fueron trasladadas a las inmediaciones de la FGR. En tanto, los agentes procedieron a colocar sellos de clausura en el establecimiento.
En las fotos compartidas por las autoridades se observa el nombre del inmueble: “Bar&Co Men’s Club”. En su logotipo se indica que ha operado desde el año 2003 en Cozumel.
Según la descripción en sus redes sociales, el bar da servicio de lunes a domingo. Entre semana opera de 20:30 a las 3:00 horas, mientras que los fines de semana cierra hasta las 5:00.
Incluso, el bar tiene más de 100 reseñas en Google. La mayoría de los usuarios (hombres) hacen referencia a la presencia de mujeres que ofrecen servicios sexuales. Sin embargo, también hay comentarios sobre “chicas que parcen menores de edad”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, la explotación de una persona pude presentarse en diferentes ámbitos, como el sexual, laboral, matrimonial o mendicidad.
La modalidad de “prostitución ajena” ocurre cuando una persona se beneficia de la explotación sexual de una o más personas, con lo cual se anulan los derechos y la dignidad de las víctimas al considerarlas como un “objeto” que puede ser comercializado.
El artículo 40 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas estipula que el consentimiento otorgado por la víctima —independientemente de su edad y en cualquier modalidad de los delitos previstos en dicha ley— no será una causa excluyente de responsabilidad penal.
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