La Marea Verde inunda México: estos estados despenalizaron el aborto durante el 2024

El 6 de septiembre del año 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización de la interrupción del embarazo, argumentando que la criminalización de esta práctica médica “viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”

Esta decisión obligó a los estados de la república a ajustar y/o cambiar sus leyes para que las mujeres que así lo requieran, o así lo deseen, puedan acudir a las instituciones de salud a realizar dicho procedimiento sin el temor a ser castigadas de alguna manera.

Es por ello que durante este 2024, de acuerdo con información del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización feminista, cuya misión es lograr una transformación cultural en México a través de la exigencia de justicia reproductiva, desde una perspectiva de derechos humanos, varios estados de la República que no tenían avalada la despenalizado el aborto modificaron sus legislaturas para alinearse al mandato de la Sala Superior de justicia, y así encaminar a México a un estado que protege los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes.

El primer estado en despenalizar el aborto durante este año fue Puebla, el cual el 15 de julio se convirtió en la doceava demarcación a nivel nacional en aprobar este cambio por la vía legislativa, con 29 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones. En este estado, el aborto es legal dentro de las primeras 12 semanas de gestación, pero al mismo tiempo se castiga con ocho a diez años de prisión a la persona que obligue a una mujer o persona gestante a abortar sin su consentimiento.

Meses después, Jalisco siguió el camino de la despenalización del aborto, cuando el 4 de octubre del 2024, con 20 votos a favor, 16 en contra y un voto nulo el Congreso local despenalizó el aborto libre hasta las 12 semanas, garantizando el cumplimiento de este derecho permitiendo además que el aborto libre después de este tiempo no sea penado si se acredita que alguna autoridad negó el servicio antes de dicho periodo, o cuando algún padecimiento ginecológico impidiera conocer su gravidez.

El 10 de octubre, Michoacán se volvió la entidad 14 en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, cuando el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó el decreto para legalizar dicho procedimiento. A los pocos días, el propio gobernador publicó en el decreto para el aborto sea llevado de manera segura en las unidades del sector salud, obligando a proporcionar un servicio integral para que las mujeres de dicha entidad puedan ejercer su derecho plenamente.

San Luis Potosí fue el siguiente estado en acatar la ordenanza de la SCJN, cuando el 7 de noviembre aprobó la despenalización de esta práctica dentro de las 12 semanas de gestación. Con 20 votos a favor y 4 en contra, la reforma fue impulsada por organizaciones civiles; la aprobación de esto refuerza en el estado a las mujeres y a las personas gestantes a decidir sobre su cuerpo y sus propios procesos.

Ese mismo mes, el 20 de noviembre, con 21 votos a favor y seis en contra, el Congreso de Zacatecas despenalizó la práctica. Esta votación tuvo que llevarse en una sede alterna y fuertemente custodiada ya que grupos en contra del aborto bloquearon los accesos del edificio del Congreso.

Cinco días más tarde, el 25 de noviembre, el Estado de México se volvió la entidad número 17 en dar un paso adelante en la protección de los derechos reproductivos de las personas al despenalizar hasta las primeras 12 semanas el aborto. La resolución fue aprobada con 51 votos a favor en el congreso local, y se dio durante el Dia Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El estado más reciente aprobar la despenalización del aborto fue Chiapas, cuando el 26 de noviembre se decretó que esta práctica se podía realizar sin castigo alguno hasta las 12.6 semanas de gestación. Días antes, el 19 de noviembre, la entidad reformó el artículo 4 de su constitución, de donde se eliminó el reconocimiento a la vida desde su concepción, con lo que finalmente se pudo otorgar el derecho a decidir sobre su cuerpo a las mujeres chiapanecas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Guillén, detalló en su momento que el próximo paso será reformar la Ley de Salud estatal para garantizar la atención médica a las mujeres que se practiquen un aborto.

En total, 7 estados de la República mexicana lograron este año otorgar estos accesos a la salud y al derecho reproductivo de las mujeres.

Morelos, Yucatán y Nayarit son 3 estados que han intentado lograr que se derogue la sanción en sus territorios, pero no lo han logrado aún, y aún falta que 10 estados más se pronuncien sobre este tema

Caso Aguascalientes: un retroceso en derechos reproductivos

Pese a que en Aguascalientes el aborto es legal desde el año 2023, el 28 de agosto de este año el Congreso local aprobó una ley que reduce de 12 a seis semanas el plazo permitido para que las mujeres puedan abortar sin consecuencias punitivas, decisión que ha sido duramente criticada por organizaciones en pro de los derechos de las mujeres.

Esta ley fue aprobada a puerta cerrada, en un recinto fuertemente custodiado mientras cientos de mujeres protestaban en contra de esta decisión.

El texto de la reforma para el artículo 101 del Código Penal señaló que “el aborto consiste en la interrupción del embarazo con el consentimiento de la mujer embarazada, después de la sexta semana de gestación”. A quien lleve a cabo esta práctica “se le aplicarán de tres a seis meses de prisión, de 500 a mil días multa y el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados”.

Para el artículo 103, la iniciativa señala que la persona deberá asumir responsabilidad penal incluso si el embarazo es interrumpido de forma involuntaria o inadvertida. Para estos escenarios, la reforma dicta que será necesaria la participación de dos médicos especialistas “para determinar que el aborto fue espontáneo” y, así, evitar una sanción.

Otro de los cambios a la normativa que resaltan en este proyecto es que no reconoce a las personas gestantes, ya que el texto aprobado se limita a mencionar a las “mujeres embarazadas”.

Cabe destacar que esta ley fue impulsada por legisladores pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN), y que, hasta hoy, organizaciones feministas luchan para revertirla, al considerarla un agravante a los derechos de las mujeres