SSPC confirma que esposo de activista desaparecida estaría vinculado a grupo delictivo: “El objetivo no era ella”

A unos días de que se cumplan tres meses de la desaparición en Oaxaca de la abogada Sandra Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández Hernández, la Fiscalía General del Estado (FGE) aún investiga el caso, en coordinación con autoridades federales, informó este 17 de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia mañanera.

A su vez, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló además que todo parece indicar que una célula delictiva que opera en Oaxaca estaría detrás de la desaparición de la activista y su pareja sentimental:

“La Fiscalía del Estado tiene a una persona detenida que estaba relacionada con tener el teléfono de una de las víctimas. Estamos colaborando con ellos en la investigación, que sí apunta a un grupo delictivo donde, según las investigaciones, al momento de la desaparición el objetivo no era ella sino su pareja sentimental que estaba vinculada a un grupo delictivo. Lamentablemente en la privación de la libertad también estaba ella”, dijo el funcionario federal.

Esta declaración del secretario de Seguridad coincide con las emitidas en octubre pasado por el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, quien dijo en una conferencia de prensa que la Fiscalía local tenía elementos para demostrar el posible vínculo del esposo de la abogada con la delincuencia organizada, “hay solidez en estas líneas”, afirmó.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que en próximos días, la Fiscalía General del Estado dará a conocer un informe con más detalles sobre la información que se encontró en el teléfono de la abogada Mixe, tal como lo adelantó hace algunos días el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Si bien el secretario García Harfuch no precisó de qué organización delictiva se trataba, un reporte de Lantia Intelligence señaló que en el estado de Oaxaca operan grupos locales como el Cártel del Istmo o de Oaxaca, pero también hay presencia de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, así como algunas escisiones del Cártel del Golfo (CDG), como el Fuerzas Especiales Grupo Sombra.

Aún no descartan activismo de Sandra como móvil del crimen

Sandra Domínguez es una activista y abogada Mixe que lleva varios años litigando casos de violencia de género. En el año 2020 denunció públicamente la existencia de un chat de altos funcionarios del gobierno de Oaxaca en el cual compartían fotos íntimas de mujeres indígenas; ella estaba entre las víctimas, por lo que presentó una denuncia penal en contra de Donato Vargas Jiménez, exfuncionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y coordinador de Delegados de Paz Social en el gobierno de Salomón Jara que fue separado del cargo a finales de octubre; posteriormente, en 2023, la abogada acompañó a Aracely Cruz Jiménez en su denuncia contra Vargas por violencia familiar.

En este sentido, activistas y organizaciones defensoras han exigido la aparición con vida de la abogada y su esposo, pero que además se considere su labor en pro de los derechos humanos y las mujeres dentro de las investigaciones, sobre todo en el contexto de que en los últimos tres años en Oaxaca han desaparecido Sandra y otras dos defensoras, Claudia Uruchurtu Cruz e Irma Galindo Barrios, ambas en 2021, apuntó en una acción urgente la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).

Sobre esta posible línea de investigación, el secretario de Gobierno de Oaxaca ya había mencionado que el indagar los vínculos del esposo de la abogada con el crimen organizado no era para desviar la atención sobre el activismo de Sandra y su denuncia contra Donato Vargas:

“Si hay funcionarios del gobierno estatal involucrados en la desaparición de Sandra Domínguez, que renuncien y se pongan a disposición de la Fiscalía. Aquí en el gobierno de Oaxaca no se va a proteger a nadie, que caiga quien caiga y que se aplique todo el peso de la ley, sin impunidad”, sentenció Romero López el pasado 18 de octubre. Al respecto, la presidenta Sheinbaum reiteró este 17 de diciembre que el gobierno federal colabora en el caso pero que la investigación está en manos de la Fiscalía estatal.