
El Congreso de la Ciudad de México exhortó al juez Francisco Salazar Silva a validar las pruebas para resolver conforme a derecho y determinar una sentencia justa en el caso de Diego “N”, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acusado de violencia digital, quien la semana pasada fue absuelto por el impartidor de justicia por uno de los tres delitos por los que está siendo enjuiciado.
En el mismo exhorto, también se le pide al juez anteponer los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual digital, no permitir que exista complicidad ni impunidad para las mujeres estudiantes y aplicar la Ley Olimpia de forma irrestricta.
Tania Larios Pérez, diputada del PRI, recordó que el 6 de octubre del 2023, Diego “N” fue detectado en posesión de un iPad en la que tenía material digital con contenido sexual y puesto a disposición de las autoridades de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Santo Tomás, ya que en su dispositivo tenía fotografías íntimas de mujeres, unas reales de sus compañeras de clase y otras manipuladas con inteligencia artificial, las cuales usaba con fines de explotación sexual digital.
Detalló que el estudiante tenía alrededor de 160 mil imágenes y 2 mil videos, por lo cuales ocho mujeres presentaron una denuncia formal en su contra ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), “por el delito de violación a la intimidad sexual”, así como por poseer y elaborar contenido sexual íntimo real o simulado con inteligencia artificial sin consentimiento de ninguna de las personas que aparecen en ellas.
El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, sin embargo, el 9 de octubre del mismo año le dejaron en libertad transcurridas las 48 horas de su detención, descartando con ello las medidas cautelares para evitar que el imputado se sustraiga de la acción penal.
“Tras la liberación del denunciado, las estudiantes del IPN buscaron apoyo contactando con distintas organizaciones, asociaciones, colectivas, entre ellas la activista Olimpia Coral, para apoyarlas en su proceso penal, logrando la detención del agresor”, por lo que el 26 de octubre fue aprendido nuevamente y desde esa fecha está detenido en el Reclusorio Oriente.
Posteriormente, el 9 de marzo de 2024, Diego “N” fue vinculado a proceso por una carpeta de investigación distinta, por el delito de trata de personas en la modalidad de almacenamiento de material fotográfico de menores de edad realizando actos sexuales reales.
Finalmente, el pasado 4 de diciembre el juez de control Francisco Salazar Silva dictó absolutoria a Diego “N”, y al argumentar la falta de pruebas contundentes que confirmaran que había editado imágenes de las mujeres con inteligencia artificial para crear y comercializar el contenido sexual, quedó absuelto de dos de las ocho acusaciones en su contra por el delito de violación a la intimidad sexual.
“Esta decisión es un retroceso en la lucha de los derechos de las mujeres, es un obstáculo más en las batallas para lograr justicia ante crímenes de género y es un paso más en contra de la impunidad que está lejos por terminar en México”, afirmó en tribuna la legisladora Larios Pérez.
Relató que restan seis casos en su contra por este delito y uno más por trata de personas en la modalidad de almacenamiento de material fotográfico de menores de edad realizando actos sexuales reales, y que no saldrá de prisión hasta que se desahoguen todos los juicios en su contra, “pero por lo pronto la justicia le ha fallado a las mujeres”.
“Con esta decisión el juez sentó un precedente histórico de negligencia, de opacidad, de complicidad y lo más grave de impunidad en contra de las mujeres, dejando abierta la puerta a que más agresores utilicen la tecnología como herramienta de opresión, sabiendo que el sistema los puede proteger, y al mismo tiempo cerrándole la puerta a la justicia a las ocho estudiantes, mujeres jóvenes valientes, que están luchando, alzando la voz para que este crimen no quede impune”, expresó.
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