
La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Constitución para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) dejen ser de “empresas productivas” y convertirlas nuevamente en “empresas públicas”, y por ley tendrán a su cargo el 54% de la producción de energía y combustibles.
La reforma de 2013, impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pretendía que al ser empresas productivas, deberían elevar el estándar de calidad y ponerlas a competir con compañías privadas. De esta forma, se pensaba crear un mercado donde todas las empresas compitieran en la generación de energía eléctrica a los mejores precios.
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Con la contrarreforma del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se estipula que el Estado mexicano recupera el control de la producción de energía, y será la CFE la que fije los precios de la electricidad, y para ello el Estado mexicano deberá financiar las inversiones así como las pérdidas de esta empresa.
“A diferencia de todo el periodo neoliberal, lo que se quería era privatizar absolutamente todo y convertir todo en mercancía y abandonar los derechos del pueblo de México’, afirmó esta semana Claudia Sheinbaum.
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Para los poco más de 50 millones de clientes de la CFE, significa que la empresa pública tendrá garantizado el 54% de la producción de electricidad y su objetivo no será la rentabilidad en el mercado, por lo tanto podrá mantener tarifas más bajas, en beneficio de los usuarios.
“Es que las empresas regresen a ser empresas públicas; es decir, no es el mercado su principal función, sino el servicio público, eso las fortalece’', explicó la presidenta de México.
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Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González detalló que las reformas en materia energética también incluyen la regulación en el uso del litio, el cual será reservado para uso del Estado, lo cual se establecerá en el artículo 27.
Mientras que, el artículo 28 especificará que el litio y el internet que se provea a través del Estado no podrán ser parte de ningún tipo de monopolio, derivado de que sus funciones son áreas estratégicas del Gobierno de México.
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Este miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó únicamente la reserva presentada por la diputada de Morena, Ana Elizabeth Ayala Leyva, para modificar los artículos 27 y 28 del dictamen. En el artículo 27 se eliminó el párrafo que establecía que el Estado sería responsable de la transición energética y utilizaría de forma sostenible todas las fuentes de energía disponibles en el país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Este párrafo también mencionaba que se establecerían políticas científicas, tecnológicas e industriales para la transición energética.
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En el artículo 28, se eliminó de los objetivos de la planeación y control del sistema eléctrico nacional, la frase “asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor”.
Además, se especificó que los ferrocarriles, tanto de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Finalmente, en el apartado sobre concesiones y permisos otorgados por el Estado, se agregó la palabra “asignaciones”.
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